La comunicación marítima entre Huelva y Cádiz cuenta desde ayer con el respaldo de la Diputación Provincial, que aprobó en pleno una moción presentada por Ciudadanos, después de que esta formación política admitiera introducir en el texto algunas modificaciones. La propuesta obtuvo el apoyo unánime de la Cámara aludiendo a la importancia de este tipo de transporte para el turismo y la economía onubense.

La proposición incluye el patrocinio tanto del enlace de la provincia onubense con la gaditana como con las islas Canarias, a través de ferry, y Huelva como destino de cruceros. Para ello, la Diputación debe sumarse a la estrategia en materia de transporte marítimo del Puerto de Huelva y al Plan Estratégico de Turismo 2016-2020.

Respecto a Cádiz, el sostén se refiere tanto a la línea marítima entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda, como recoge el Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana, propuesta por el Almonte, como a la ruta entre las dos capitales de provincia que plantea la Autoridad Portuaria de Huelva, eso sí, a la espera del estudio de viabilidad que está última ha encargado a la consultora Pricewaterhouse Coopers.

El plan de desarrollo, que recogía el impulso de la conexión marítima entre Matalascañas y Sanlúcar permitiendo la unión entre ambas localidades costeras a través de la desembocadura del Guadalquivir, fue aprobado en 2003 sin que se haya puesto en marcha este proyecto "de interés para los dos municipios y para las dos provincias".

También obtuvo el respaldo unánime de la Cámara una moción presentada por el PP relativa a los monitores de atención al alumnado con necesidades en centros educativos públicos. Así, la Diputación exige a la Junta de Andalucía que haga cumplir el convenio por el cual adjudicó el servicio de monitores a la empresa Fundación SAMU, "ante los reiterados incumplimientos del mismo en base al Convenio Colectivo de Atención a personas con Discapacidad".

Según el PP, en Andalucía es en los centros educativos de Huelva donde se produce el mayor incumplimiento de los pliegos de contratación en lo que respecta a categoría profesional, lo que está provocando que estos trabajadores perciban casi 400 euros mensuales menos de media de lo que deberían recibir, según antigüedad. El problema afecta a más de un centenar de profesionales onubenses, que se reparten entre más de ochenta centros educativos. La mitad de ellos trabajan en centros públicos de la capital onubense.

Los monitores realizan una labor "esencial" para la integración en las aulas de niños y adolescentes con deficiencias, un trabajo que supera al de meros cuidadores. Entre otras tareas, se encargan de la recogida y entrega de los niños, de los traslados cuando tienen que ir al especialista, de la vigilancia de los menores durante el recreo o de su higiene personal.

De forma unánime, igualmente, los grupos respaldaron la propuesta del PSOE por la que la Diputación se adhiere y ratifica el Código del Buen Gobierno Local aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincia en marzo de 2015. El organismo supramunicipal se compromete a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del referido código. Éste recoge una serie de principios sobre la transparencia y la ética pública, así como medidas de mejoras en la gestión, modernización y calidad de la democracia local.

La Diputación aprobó asimismo el nuevo modelo de servicio de asistencia técnica que ofrecerá a los municipios, calificado de "ambicioso y pionero", que presenta 22 servicios, cuyo común denominador es abarcar todas sus necesidades, desde redacción de proyectos, a la asistencia en la elaboración de los presupuestos, el diseño de parques y jardines, apuesta por la administración electrónica o ayuda en servicios sociales entre otros.

Los nuevos servicios concertables contienen parámetros de calidad y transparencia en cada asistencia que se presta, "de tal forma que cualquier concejal o alcaldesa, vía extranet, puede decidir qué servicio precisa de la Diputación, a partir de ahí concertarlo y en cualquier momento evaluarlo, estar en contacto con la persona responsable de ese servicio, saber cómo se financia o conocer el estado del trámite".

El pleno ratificó dos declaraciones institucionales en apoyo a los refugiados y a la candidatura del equipo de fútbol de La Palma a la medalla al mérito deportivo.