El acuerdo de los 26 propietarios que forman parte de la junta de compensación del Ensanche Sur y que suman una superficie de 120 hectáreas es el escollo inmediato para la construcción del ansiado colegio en la zona. La ya larga espera continúa para un equipamiento que ya tendría que haber abierto sus puertas a 675 alumnos de Infantil y Primaria. Las fechas de construcción y puesta en marcha siguen siendo una incógnita porque la licencia de obras que debe otorgar el Ayuntamiento depende de un nuevo proyecto de reparcelación.

El anterior quedó en suspenso por una resolución judicial derivada de un pleito presentado por Adif. La representación de los 26 propietarios varía en función de la superficie que aporta cada uno.

Ha pasado un año desde que la Consejería de Educación, a través de la Agencia pública Andaluza de Educación, sacara a licitación las obras de construcción del colegio. El Consistorio, por su parte, insiste en que esta dotación educativa para el barrio de Pescadería “es una cuestión prioritaria” y para lograr este objetivo “las conversaciones son incesantes”, informan fuentes del Ayuntamiento.

Ambas administraciones, local y autonómica, mantuvieron una reunión el pasado mes de junio para el impulso del centro educativo, fuertemente demandado en el barrio de Pescadería y zonas adyacentes por la inexistencia de colegios públicos. El futuro centro público será de tipología C3 (tres líneas de Infantil y Primaria), con 675 plazas escolares (9 unidades de Infantil y 18 de Primaria) más sus complementarios espacios interiores y exteriores.

Han sido ya varias las protestas que se han producido para reivindicar esta dotación educativa y en ello continúa la Asociación de Vecinos de Pescadería, cuyos representantes mantuvieron una reunión el pasado octubre con el Ayuntamiento en torno a esta cuestión. En el encuentro se les informó del escollo existente con Adif, un asunto que tenían previsto trasladarle al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en la reunión que se produjo un mes después con el alcalde, Gabriel Cruz, y el entonces presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo.

“Vamos a dar un margen”, señala la presidenta de la asociación, María Luisa Domínguez, aunque recuerda que “el proyecto debería haberse terminado en 2019”. Domínguez añade que la próxima entrada en vigor de la nueva ley de educación es un motivo más que “debería acelerar el colegio público porque no hay ni este barrio ni en los adyacentes”.

La parcela prevista para la ejecución será de 12.195 metros cuadrados y con una superficie total construida de más de 4.300 metros cuadrados, contará en la zona docente de Infantil con nueve aulas polivalente, aseos destinados al alumnado de Infantil y espacios comunes.

La zona docente de Primaria tendrá 18 unidades para primer, segundo y tercer ciclo, un aula de Educación Especial y aseo específico, un aula de pequeño grupo y un taller de música. Además, el edificio contará con espacios para la dirección, sala de profesorado, conserjería y reprografía y sala para la asociación de madres y padres de alumnos. También habrá gimnasio con vestuarios, biblioteca, comedor, almacén general y cuarto de limpieza.