El presidente del PP de Huelva y secretario segundo de la Mesa de Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González, destaca que en la provincia de Huelva 547 familias, “en situación de vulnerabilidad” debido a la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus, se podrán beneficiar de las ayudas que el Gobierno andaluz ha otorgado para el pago del alquiler de la vivienda.

Se trata de un Programa Extraordinario de Ayudas que el Consejo de Gobierno ha aprobado y va a destinar a combatir la pandemia. Concretamente, para Huelva la cantidad asignada asciende a 1.969.570 euros, repartidos en 1.444.351 euros durante el presente año y 525.218 en 2021.

“Desgraciadamente son muchas la familias que están viviendo una situación de dificultad, afectadas por el desempleo y los Erte se ven en un aprieto para pagar el alquiler de sus viviendas, de ahí que el Gobierno de Juanma Moreno haya aprobado estas ayudas que aliviará la economía de los arrendatarios”.

González subrayó que ahora “más que nunca” las administraciones deben “proteger a las familias que han visto más perjudicada su situación” por el Covid-19, de ahí que el Gobierno andaluz esté junto a los más desfavorecidos “para que nadie se quede atrás”.

Entre los requisitos anunciados por la Junta, los solicitantes deberán encontrarse en el paro, afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 40%. Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad.

Asimismo, la convocatoria de las ayudas será totalmente telemática y podrá cubrir el cien por cien de la renta del alquiler, con un máximo de 900 euros.

Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre.

Esta ayuda tienen un presupuesto total de 30 millones de euros después de que “la Junta Andalucía haya incorporado una partida adicional de 13 millones” a los fondos otorgados por el Gobierno central, cuya dotación “era insuficiente para responder a la demanda y las necesidades reales de la población andaluza”.