La atención a dos de los accidentes cardiovasculares que más mortalidad e incapacidad provocan no han prosperado en la provincia, según denuncian los sindicatos representados en la Sanidad pública onubense y que ayer mantuvieron una reunión.

Los representantes de los trabajadores aprovecharon el encuentro para realizar un balance del pacto que se alcanzó con el SAS en marzo de 2017. Con él, se garantizaba la paz social al mismo tiempo que la Administración se comprometía a realizar una serie de mejoras consideradas prioritarias, así como terminar con el proceso de desfusión de los dos hospitales de la capital.

Cuando ha pasado un año, Satse, CSIF, SMA, CCOO y UGT denuncian "el incumplimiento sistemático por parte de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía" de los aspectos relacionados con "la cobertura de las necesidades asistenciales más acuciantes que, en materia de salud, afecta a nuestra provincia y de manera prioritaria y explícita, la puesta en marcha de la atención urgente a la cardiopatía isquémica (infarto agudo de miocardio) y al accidente cerebrovascular (ictus)".

El presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), Antonio Botello, indicó que "no se cuenta con Hemodinámica ni con un neurólogo las 24 horas". En caso de un infarto agudo de miocardio, el paciente no puede contar con el tratamiento más adecuado que es ser sometido a la angioplastia primaria (PCI) que consiste en llegar con un catéter, desde un acceso periférico hasta la arteria obstruida y quitar el tapón que impide el riego.

Si el infarto sucede después de las 16:00, el paciente será sometido a la segunda opción: la fibrinólisis que consiste en administrar una sustancia a través de una vía venosa, para desobstruir químicamente el tapón. El paciente ni siquiera tendrá la esperanza de ser trasladado a Sevilla. Botello puntualizó que la situación es aún más negativa para las personas que acudan del Condado o la Costa ya que en primera instancia son dirigidos al Infanta Elena y de allí al Juan Ramón. Algo parecido sucede con el ictus.

Al referirse sobre este mismo tema, el responsable de Sanidad de CSIF, César Cercadillo llegó a la conclusión de que "Huelva sigue siendo una provincia de segunda" teniendo en cuenta además, que algunos de los servicios que se están reivindicando ya los está prestando en Huelva la Sanidad privada.

El pacto del 10 de marzo de 2017 instaba a "desarrollar los procesos de atención a la cardiopatía isquémica y al ataque cerebral agudo mediante la implantación de la intervención percutánea coronaria (PCI) y el desarrollo de una unidad funcional mutltiprofesional de asistencia al Código Ictus".

El comunicado que los sindicatos remitieron tras la reunión de ayer, exigen "la constitución y reunión inmediata de la comisión de seguimiento contemplada en el pacto de marzo de 2017, estudiando en caso contrario, la posibilidad de denunciarlo y de retirar su firma del mismo". El pacto asimismo, hacía referencia a la necesaria reestructuración de la que serían objeto los dos hospitales incluidos en su momento, en el Complejo Hospitalario y que, tras decisión judicial, se vieron sometidos a un proceso de desfusión. Tanto Botello como Cercadillo indicaron que aún quedan profesionales que no han regresado a los centros que les corresponden y sigue habiendo servicios unificados.

El envío del comunicado de ayer a los medios, prácticamente coincidió en el tiempo con la llegada a la reunión de un escrito del gabinete de la consejera, conminando a los representantes de los sindicatos a reunirse con el delegado territorial si precisan de recabar información ya que por su apretada agenda, Marina Álvarez no podrá mantener un encuentro con ellos tal y como desde Huelva se le ha pedido en reiteradas ocasiones.