Una media de un año pasa desde que un onubense con discapacidad consigue una valoración a tiempo y una baremación actualizada de la misma. Son 365 días en los que estos pacientes, en una espera que se les hace "eterna", no tienen la posibilidad de acceder a los beneficios fiscales o económicos atribuidos al reconocimiento de su discapacidad, con el consiguiente perjuicio que para ellos supone estar en el limbo tanto tiempo. 

La demora es "intolerable", tal y como subraya a esta redacción la presidenta de Cocemfe Huelva, Rocío Pérez, quien denuncia ante los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y Agenda 2030 un tiempo medio de espera de "alrededor de un año", cuando está estipulado que el tiempo máximo para la realización de todos los trámites pertinentes es de "seis meses". Incluso, añade Pérez, "hemos llegado a tener el caso de una persona que ha esperado 20 meses para una valoración de discapacidad".

El problema de esta "tardanza" radica en que los onubenses que tienen más de un 33% de discapacidad se ven obligados a pasar "un año con, únicamente, los recursos que tienen", por lo que, "si no posees recursos suficientes estás vendido durante más de 365 días".

A este respecto, Rocío Pérez pone de manifiesto que el hecho de no recibir una valoración o una revisión del grado de discapacidad a tiempo perjudica a las personas con discapacidad "en el empleo, la educación, la accesibilidad y la salud", además de un impedimento en cuanto a prestaciones que compensan la desigualdad de oportunidades se refiere.

Cocemfe Huelva expone a este diario que, al igual que sucede con las comunidades autónomas, el tiempo de espera en Huelva también es variable. De hecho, Pérez explica que la "urgencia" de algunos casos se traduce en demoras mucho más reducidas, véase la discapacidad de un menor o de una persona con una oferta de trabajo que tiene que aceptar de forma inminente. No obstante, que la valoración de la discapacidad llegue a buen puerto depende "de una buena persona que agilice el procedimiento", si bien "no podemos consentir que esto suceda esporádicamente, sino que debe ser algo habitual", sostiene.

Del mismo modo, desde la federación de asociaciones hacen hincapié en la importancia de la concreción y rapidez en estos trámites "para saber si las personas con discapacidad van a tener acceso o no a ciertas prestaciones o medidas de apoyo".

Al objeto de conseguir una reducción considerable en las listas de espera, Cocemfe reivindica un plan de choque que alivie la demora y un aumento de las plantillas encargadas de dichos trámites. En este sentido, Rocío Pérez considera que "sus trabajadores hacen esfuerzos inhumanos para que los onubenses puedan tener su discapacidad reconocida cuanto antes", pero "las plantillas son muy reducidas", dado que "deberían ser de, al menos, del doble de profesionales". Se da esta tesitura debido a que "no se reponen bajas o jubilaciones en los mismos niveles en los que se producen", finaliza.

A todo ello, según ha destacado Cocemfe España en un comunicado, se suma el nuevo baremo de discapacidad (puntuación que la Administración establece para estimar el grado de capacidad motriz), cuya espera asciende a más de 20 años. Destaca, así, la "urgencia" de poner en marcha el nuevo baremo del grado de discapacidad, el cual ya ha sido consensuado entre organizaciones, Gobierno y comunidades autónomas.

Sobre el mismo, puntualizan que "pese a que no es ideal, porque no aporta certezas sobre su despliegue y no indica qué elementos va a incorporar frente a los grandes retrasos en la valoración y revisión del grado de discapacidad y frente a la infradotación de recursos en los servicios, que dificulta y condiciona la implantación", es necesario que se ponga en marcha "porque incorpora mejoras para el reconocimiento de situaciones vinculadas a la discapacidad orgánica, como la fatiga o el dolor, enfermedades reumatológicas o enfermedades que cursan con brote".