La primera jornada de la Semana de Lucha por la Educación Pública, que se celebró ayer, tuvo un seguimiento en las aulas del 64%, según datos facilitados por la Delegación Provincial de Educación.

Se trata de una convocatoria realizada por la Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Pública que realizó movilizaciones parecidas durante el pasado mes de octubre. En esta ocasión, el llamamiento al paro era hacia los estudiantes, dejándose para el día 7 la participación en la huelga de los docentes aunque ésta se limitará a una hora.

El seguimiento ha sido mayor en los cursos 3º y 4º de ESO, que son aquellos en los que los alumnos tienen ya capacidad, por la edad, de optar o no a seguir una huelga. La respuesta ha sido más irregular en los cursos de Bachillerato, en los que la celebración de exámenes en bastantes casos ha sido una razón de peso como para no ausentarse de las aulas.

La convocatoria, en esta ocasión no estaba dirigida a la comunidad universitaria.

Aunque todas las fuerzas incluidas en la Plataforma apoyan las movilizaciones previstas durante esta semana, no todas lo hacen en el mismo grado. De este modo, hay sindicatos que sí apoyan el paro de los docentes del día 7, mientras que otros se abstendrán.

Tal y como sucediera en octubre de 2012, los padres y madres de alumnos han escogido tener una parte activa en este tipo de iniciativas, en las que también se encuentra involucrado el Sindicato de Estudiantes. La Plataforma por la Educasción Pública incluye la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa). Dentro de este ámbito, de los progenitores, desde la federación onubense (Fampa), su presidenta, Mariló Duque, mostró su apoyo a la convocatoria, invocando los efectos negativos que están ocasionando los recortes en la enseñanza. Sin embargo, se ratificó -como sucediera en el año anterior- de que cada Ampa mantenga su autonomía a la hora de apoyar o no el calendario de movilizaciones.

El único llamamiento que se hace desde la Fampa es que "se priorice el derecho de los niños a acudir a clase si los padres lo consideran así".