Ocho meses después de que Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional los pillaran in fraganti en pleno alijo en el puerto de Mazagón, los tres acusados que fueron detenidos aquella madrugada del 23 de marzo decidieron ayer reconocer en la vista oral -celebrada ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Huelva- los hechos y beneficiarse de una sustanciosa rebaja de la condena: si la Fiscalía solicitaba antes para ellos cinco años y medio de prisión, ahora pasarán entre rejas un máximo de tres años y diez meses.

M.H.S., que era tripulante del pesquero Ángel María (de Villablanca pero con base en Isla Cristina y que se utilizó en el alijo), P.D.N. y P.G.M. asumieron sin titubeos su participación en la operación de narcotráfico que debía culminar con el desembarco en el puerto de Mazagón de 3.469,91 kilos de hachís, pero que se vio frustrada por Aduanas y el Cuerpo Nacional de Policía.

3,4Toneladas. Es la cantidad de hachís incautada, distribuida en un total de 106 fardos

Suscribieron, como mantiene la fiscal Antidroga Isabel González, que participaron en el intercambio -efectuado en altamar- de 106 fardos con una lancha semirrígida en torno a las 02:30 del 23 de marzo pasado. Había otras dos personas con ellos a bordo que no pudieron ser identificadas y que escaparon al cerco policial que se desplegó en tierra. Cuando arribaron a puerto -en torno a las 04:15- y se percataron de que les perseguía el helicóptero de la Agencia Tributaria, pusieron rumbo a pie al espigón, donde fueron arrestados por los policías.

Los otros dos acusados, el armador del barco, J.M.C.C., y su hijo, el patrón, M.Á.C.G., decidieron prestar declaración pero mantuvieron su inocencia. Explicaron que el 22 de marzo, jornada previa a los hechos, decidieron no salir a faenar "por el mal tiempo, hacía mucho viento".

El patrón comunicó este extremo a su tripulación en torno a las 21:00. Dos de los encausados, P.D.N. y P.G.M., ni siquiera formaban parte de ella, "los conocía de vista de Villablanca". El joven indicó al Ministerio Público que "no participé en el trasbordo de la droga ni sabía que se iba a realizar ni coordiné esta operación".

En la misma línea se mantuvo su padre, el armador J.M.C.C., quien precisó que una furgoneta a nombre de su mujer que se encontró con los portalones traseros abiertos junto al pantalán donde atracó el barco la noche de autos "se había estropeado el día anterior", descartando que se encontrara allí para utilizarse para el traslado terrestre del macroalijo de 3,4 toneladas de hachís.

Horas después de la intervención policial, a mediodía del 23 de marzo, "vinimos a Huelva a denunciar el robo del barco". La fiscal le achacó que en esa denuncia no hiciera referencia a que el pesquero se encontraba inmovilizado en Mazagón por un asunto de drogas, así como que diera de baja en la Seguridad Social a la tripulación el 22 de marzo, a lo que el acusado contestó que "la baja se tramitó el día 27 y era para que no siguieran corriendo los seguros". También negó cualquier participación en los hechos justiciables.

Uno de los testimonios más relevantes de la jornada fue el del jefe de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Huelva, instructor del atestado, quien precisó que ya el 22 de marzo, en torno a las 18:00, recibió un aviso desde Sevilla alertando de que "los medios aéreos habían detectado una semirrígida que, por su rumbo y su velocidad, parecía venir a Huelva".

Esto es lo que motivó que activara al helicóptero, que aquella madrugada grabó y siguió los movimientos de los implicados en el alijo, desde el trasbordo de fardos en altamar hasta su llegada a tierra. Por mar participó la patrullera Milano.

El jefe de Aduanas señaló que el estupefaciente está valorado en 5,5 millones de euros "de venderse a gran escala, pudiendo dejar entre 12 y 15 millones de euros a pequeña escala". A su juicio, "ninguno" de los tres acusados que ayer reconocieron los hechos en el juicio "tenía capacidad ni medios para coordinar una operación de este tamaño, ellos son meros alijadores, los últimos en la cadena", y apuntó directamente al armador y al patrón como "ideólogos" de la introducción de la droga. "La operación no sería posible sin ellos", que a su entender aportaron toda la infraestructura necesaria (como el barco, la furgoneta o el personal) para acometer el alijo.

El abogado de M.H.S., Manuel Manzaneque, requirió al tribunal presidido por la magistrada de la Sección Primera Carmen Orland -por baja de José María Méndez Burguillo- antes de que comenzaran los informes finales que, a pesar de adherirse parcialmente al informe de la Fiscalía, aplique "la atenuante de toxicomanía para mi representado".

El letrado defensor del armador y el patrón del Ángel María, Sergio Pino, solicitó la libre absolución de sus clientes. A su parecer, "no existe ninguna prueba incriminatoria que pueda enervar la presunción de inocencia", sino un cúmulo "de conjeturas". Evidenció la colaboración que padre e hijo han mantenido a lo largo del procedimiento con las autoridades y criticó duramente que los investigadores no comprobaran si era cierto o no que la furgoneta estaba averiada o que no analizaran los móviles de los implicados, entre otros asuntos.

El juicio por el macroalijo de Mazagón ha quedado ya visto para sentencia.