Huelva

El acusado de extorsionar a una niña alega que es víctima de un atentado terrorista

  • La Fiscalía rebaja la pena de once a siete años de prisión y el juicio queda visto para sentencia

Agentes de la Policía especialistas en delitos informáticos analizan un disco duro.

Agentes de la Policía especialistas en delitos informáticos analizan un disco duro. / H. Información (Huelva)

Visto para sentencia. Así ha quedado el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal 4 de Huelva contra J.C.B.F. por coaccionar a una menor para que le remitiera fotografías propias de índole sexual en 2016. Ella había sido pareja de su propio hijo.

La Fiscalía, que pedía una pena global de once años de prisión para este hombre, amén de 6.600 euros de multa y 5.000 euros de indemnización para la víctima, decidió rebajar a siete años su petición de condena después de que se practicaran todas las pruebas en la vista oral.

Así, como explica a Huelva Información el fiscal del caso, Alberto Campomanes, su solicitud de pena se ha quedado reducida a un año de prisión por coacciones, a tres años por un delito contra la intimidad y a otros tres años por el delito de elaboración de pornografía infantil.

La mengua es consecuencia de la declaración de un perito, un psicólogo forense de la defensa, tras la que la acusación pública considera que "había una circunstancia atenuante porque el acusado ha sido víctima de un atentado terrorista y desde entonces le han quedado secuelas físicas bastante graves".

La defensa, por su parte, solicita la libre absolución de su patrocinado al estimar que sus problemas psíquicos deberían eximirle de toda responsabilidad. En paralelo, cuestiona la autenticidad de todas las conversaciones que han tenido acusado y víctima y que se han aportado a la causa.

La perjudicada declaró por vídeoconferencia desde la sede judicial de Aracena. Mantuvo en todo momento su versión de los hechos y ratificó que el inculpado sabía perfectamente que ella era menor de edad. La niña agregó que le envió las fotografías sexuales solicitadas "por miedo a que él difundiera lo que había conseguido y que esto tuviera repercusiones en su vida social y familiar".

En el escrito de acusación que ya avanzó este diario en su momento, el Ministerio Público relata que J.C.B.F., mayor de edad y sin antecedentes penales, conoció a la víctima en el verano de 2015. Ella es natural de Aracena y el acusado recalaba en la localidad serrana en periodos vacacionales junto con su hijo, que mantuvo una "fugaz relación sentimental" con la adolescente, menor de edad en la fecha de los hechos, cuando tenía 17 años.

La víctima, en el transcurso de la relación que mantuvo con el hijo de este individuo (incluso a distancia durante un tiempo), llegó a enviar a su novio "varias imágenes propias de carácter provocativo sexual utilizando aplicaciones de mensajería móvil".

Una vez que la relación entre los jóvenes se rompió, el chico no borró la fotografías de su teléfono móvil. Así que después de aquel verano pero antes del 15 de enero de 2016, "en una fecha no determinada", el acusado accedió al terminal y localizó las instantáneas.

Refiere el Ministerio Público en este punto que J.C.B.F. era "sabedor" de que la víctima en ese momento todavía no había alcanzado la mayoría de edad. Tenía sólo 17 años. Pese a todo, se aprovechó de "la confianza familiar que le permitía el manejo del teléfono a su hijo sin levantar sospechas". De este modo fue cómo se apoderó de las fotografías, "extrayéndolas y enviándolas al suyo propio con el propósito de irrumpir en la intimidad ajena que su hijo y la víctima habían compartido".

La menor mantiene que le envió fotos sexuales por miedo a que él difundiera otras sustraídas del móvil de su expareja

Entre los meses de enero y mayo de 2016, J.C.B.F. "contactó de manera reiterada" con la chiquilla. Su intención, a juicio de Campomanes, era "coartar su indemnidad sexual y su libertad personal para satisfacer su apetito sexual".

Entonces fue cuando decidió exigir a la exnovia de su vástago "que le enviara fotografías propias en las que apareciera desnuda, en planos, poses y realizando prácticas sexuales que él indicaba". No contento con la reclamación, le dejó claro a la adolescente que si no le enviaba el material solicitado, "iba a difundir esas imágenes y decir a sus padres que había mantenido relaciones sexuales con otras personas".

Y fue un paso más allá, según el relato de la acusación pública: "Iguales represalias dirigió a la menor para el caso de cesar las conversaciones con él o no revelarle informaciones relacionadas con su intimidad y experiencias sexuales". La tenía, según se desprende del escrito, totalmente acorralada.

De esta forma consiguió que la víctima "no ignorase sus peticiones y conversaciones". Ella se vio tan apabullada que le llegó a enviar "ocho imágenes en las que ella mostró su cuerpo desnudo, en las posturas y planos de J.C.B.F. exigía". En alguna de estas instantáneas la chiquilla se vio obligada a fotografiar sus genitales en el modo que el ahora acusado le requería.

El fiscal recalca en su acusación que "la víctima tomó y envió estas fotografías propias obligada por J.C.B.F., dominada por el temor de que él revelara a sus padres los secretos de naturaleza sexual que de ella conocía". También la inquietaba que el padre del que fuera su pareja "difundiera las imágenes que ya poseía".

El ataque ha tenido consecuencias psicológicas para la adolescente, que ha padecido "sentimientos de humillación, desasosiego y ansiedad". El magistrado Santiago Muñoz tendrá que decidir ahora sobre el asunto.

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