Al margen del resultado que la formación magenta obtenga en unas elecciones autonómicas que considera convocadas de forma "bastante ruin", los miembros de UPyD se han marcado como objetivo erigirse en los perseguidores de aquellos que hayan podido mantener una actitud poco correcta en la gestión de las instituciones andaluzas. Desenchufa al corrupto es como llaman a la campaña que el partido viene desarrollando en Andalucía y que ayer llevó a su portavoz y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Martín de la Herrán, y al candidato a la Alcaldía de Huelva, Miguel Ángel Delgado, a denunciar ante la Fiscalía las presuntas irregularidades en la asignación de las contrataciones que la Diputación Provincial de Huelva ha realizado en los últimos años con fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), antiguo PER.

De la Herrán aseguró justo antes de presentar en el Palacio de Justicia de Huelva los 15 folios que integran la denuncia que UPyD tuvo "conocimiento" en 2013 de que la Diputación empleó casi 300.000 euros en cuestiones "distintas" a las que tiene como finalidad el PFEA, cuyos beneficiarios son las corporaciones locales y entidades vinculadas a la administración local, receptoras de las subvenciones destinadas a la contratación de trabajadores eventuales agrarios y nunca para cubrir puestos "que deben ser desarrolladas por plantillas fijas de la entidad".

En la solicitud elevada a la Fiscalía, el partido asegura que el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, "sistemáticamente viene obteniendo indebidamente esta subvención (...), que en el año 2013 ascendió ala cantidad de 282.965,38 euros, presentando el que llama Proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013 (...) y con dichas subvenciones sufraga y financia las contrataciones de trabajadores 'afines' año a año".

UPyD aporta incluso una lista de diez personas a las que la Diputación Provincial lleva supuestamente entre seis y 13 años contratando con la subvención (abogados, arquitectos, administrativos, técnicos en prevención de riesgos laborales y delineantes, entre otros) y asegura que, en realidad, se trata de una plantilla estable que comienza sus contratos el 1 de septiembre y finalizan el 30 de junio de cada año.

El escrito se detiene especialmente en el caso de la contratación del hijo de un alto cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, miembro de la comisión provincial de seguimiento regulada por el programa PFEA y con competencias en la aprobación de los proyectos del programa, para el que, según UPyD se diseñó un puesto "a medida".

Por todo ello, la formación magenta considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, fraude y falsificación de documento público y solicita a la Fiscalía que "valore, considere y en su caso, abra las diligencias oportunas" para la comprobación de los hechos.

La Diputación Provincial salió al paso de las acusaciones de UPyD asegurando que la gestión realizada a lo largo de estos años por la institución supramunicipal ha sido "impecable" y que "sólo persiguen la creación de empleo". El diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, aseguró que "la Diputación es beneficiaria de un programa cuyas normas sobre la contratación son impuestas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que "todas las contrataciones se ajustan escrupulosamente a la normativa del programa".

En concreto, y en relación a los hechos a los que se refiere la denuncia, la Diputación solicita anualmente al Gobierno central el Programa de Asesoramiento para la gestión del PFEA y, por tanto, es beneficiaria de un programa que ejecuta conforme a unas normas de contratación que impone el Servicio Público de Empleo Estatal.

Según el diputado, "hace 13 años que la Diputación gestiona ese Programa de Asesoramiento con los requisitos que impone y concede el Ministerio" y las contrataciones se realizan a través de una oferta genérica tramitada a través del SAE, que preselecciona a los candidatos requeridos para cada puesto entre aquellos desempleados que se ajustan al perfil de cada proyecto, y la Diputación contrata "sólo" entre esos candidatos remitidos.