La Universidad de Huelva (UHU) carece de un protocolo de prevención de acoso laboral. Así se expresa en una denuncia interpuesta a la Onubense y a dos de sus profesores por la docente Sol Tarrés.Esta profesora ha presentado la denuncia ante el juzgado de lo Social, ante dos profesores con el ánimo de que cesen de sus conductas que ella considera de acoso laboral y a la Onubense para que “adopte medidas efectivas de prevención y lucha contra el acoso laboral”.

El texto del letrado de Tarrés, Salvador Navarro, argumenta en la denuncia, que la labor que la denunciante entiende que ha existido “ha sido llevada a cabo por personas físicas concretas, cuando mi representada ha intentado defenderse ante las instancias universitarias correspondientes, no ha obtenido amparo alguno por parte de las mismas”.

“Además la propia universidad –añade el texto– es responsable última de la principal condición que posibilita toda esta situación, que es la inestabilidad laboral a que por muchos años viene viéndose sometida mi representada, cuyo derecho a la progresión de su carrera profesional se ha visto sistemáticamente vulnerado, al menos, desde que obtuvo la acreditación como profesor contratado doctor, sin que en todo este tiempo se haya producido convocatoria alguna de plaza, a pesar de que continuamente se ha acudido a la contratación de Personal Sustituto Interino (PSI), de manera ilegal, ya que es evidente que se contratan para atender necesidades permanentes y no temporales “urgentes, inaplazables y sobrevenidas”, como exige esta figura” dentro de la propia normativa de la UHU”.

Para el letrado, “nuestras universidades públicas se han convertido en un ámbito muy propicio para el acoso laboral, según demuestran algunos estudios llevados a cabo al efecto”. Los datos esgrimidos así lo respaldan: un estudio en la Universidad de Alcalá de Henares reveló que un 51% de los profesores funcionarios de esa institución habían sido víctimas de acoso moral en el trabajo durante los seis meses anteriores a la realización de la encuesta efectuada para tal fin”. No solo se han hecho estudios en Alcalá de Henares sobre mobbing. Uno llevado a cabo en la Universidad de Granada indicó que un 24,08% del personal docente y administrativo encuestado se sentía víctima de este tipo de acoso. Además, un 54,92% reconoció haber presenciado alguna vez este tipo de conductas, aunque no las padeciera. Finalmente, sólo un 21% negaba la existencia de acoso en las dependencias de la universidad granadina.

De este modo, “la realidad laboral/funcionarial que se vive en el ámbito del personal docente e investigador, donde hay pocos puestos de trabajo y muchos candidatos capaces, donde el empleo es precario y donde situaciones de temporalidad y bajos salarios se alargan en el tiempo, produciéndose, como consecuencia, que se intenten resolver esas realidades individuales mediante cambalaches, observándose una evidente falta de responsabilidad y de capacidad de control de la institución”. Se evidencia, concluye, “que las universidades son el segundo o tercer lugar más tóxico en el que se puede trabajar desde el punto de vista psicosocial, tanto entre su personal docente e investigador como entre el personal de administración y servicios”.

Navarro asegura que las conductas denunciadas “han producido a mi representada unos daños físicos y morales y económicos por los que ha de ser resarcida”.Especificando en el caso de Tarrés, la denuncia ante el juzgado de lo Social considera que “mi representada se ha visto desacreditada profesionalmente ante el alumnado y el resto del profesorado, lo que le comporta un daño moral”. Aparte de lo anterior, “ha sufrido un daño a su salud psíquica que le obliga a estar en tratamiento desde agosto de 2017 hasta la fecha, habiendo incluso causado baja laboral durante cuatro meses por este motivo. Además, durante el tiempo de baja, mi representada ha visto mermados sus ingresos, pues aparte de no poder desarrollar su prestación laboral, tampoco ha podido llevar a cabo otras actividades profesionales durante este tiempo, habiendo perdido la oportunidad de impartir conferencias y cursos en otras instituciones”.

La situación denunciada por Sol Tarrés se remonta al curso 2005/06 en el que ingresó en la Universidad de Huelva como profesora asociada. Uno de los aspectos que más ha sufrido la docente, según su denuncia, es la evidencia de que se postergaba su paso a contratada-doctora, un contrato que le proporcionaría estabilidad laboral. Con el paso de los cursos, Tarrés percibió que pese a darse las condiciones objetivas para el cambio de contrato éste no se llevaba a cabo. Tras entender que existía hacia ella una animadversión injustificable en su departamento, la profesora fue protagonista de un paso más y éste vino de mano de los alumnos que curiosamente siempre la habían valorado bastante bien, empezando a enfrentarse a reclamaciones que buscaban su expulsión de la universidad. El letrado sostiene que “mi representada se sintió perseguida, maltratada, vilipendiada por los alumnos reclamantes, y no recibió más que evasivas por parte de las instancias a las que acudió cuando no, incluso claras muestras de apoyo a dichas reclamaciones absolutamente infundadas, por parte de los demandados”.

La situación presuntamente sufrida por la docente fue puesta en conocimiento de rectores y vicerrectores sin que “ninguno de estos responsables universitarios haya tomado ninguna medida efectiva para solucionar la situación”. Asimismo, “la defensoría universitaria ha abierto, según parece, diversos expedientes de amparo cuyo contenido y alcance se desconoce, y cuyo resultado en cualquier caso es nulo”.Los docentes codemandados por su parte “han sido recusados en órganos en que debían resolverse cuestiones relativas a mi representada por su enemistad manifiesta con la misma, y dichas recusaciones han sido rechazadas con dudosas fundamentaciones”.