Que miles de ciudadanos salgan a la calle reiteradas veces en un mismo año y por un mismo tema es algo que no se repite con frecuencia. Eso es lo que pasó en Huelva en 2017 marcando así un hecho insólito e histórico. Lo que dio comienzo en noviembre de 2016, con la primera movilización promovida por la Plataforma Huelva, por una sanidad digna tuvo continuidad en cuatro ocasiones más en el transcurso del año pasado. En la del 23 de abril se contó con la presencia de Jesús Candel Spiriman impulsor de un movimiento semejante al onubense, en Granada. El mensaje en todas esas ocasiones, fue el mismo: Huelva debe tener como mínimo, las mismas competencias y prestaciones que cualquier otra provincia andaluza y abandonar de esta manera, el furgón de cola en el que se encuentra. Junto a ello hay que sumar un deterioro que provocó que en 2016, la Sanidad onubense tocara fondo con unas listas de espera desbordadas.

El año da comienzo con una asignatura pendiente para la Consejería de Salud: dar marcha atrás al proceso de fusión de los dos hospitales de la capital que había dado como resultado el polémico Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH). A raíz de una sentencia judicial que se hizo pública en octubre de 2016, el SAS tenía que desandar el camino iniciado en 2010. El comienzo de 2017 permite ver más claramente los cambios de actitud de las autoridades sanitarias provinciales que tras abandonar el escepticismo que les había provocado la movilización ciudadana y la oposición sindical, ven que es necesario dar una respuesta adecuada a un movimiento que no solo se da en Huelva sino que tras iniciarse en Granada, va contagiando a la mayor parte de las provincias de Andalucía.

Los sindicatos ven imprescindible la construcción del materno-infantil

Protagonismo especial en todo ello tendrá la figura de Antonio León que asume en principio, la dirección del CHUH y posteriormente, la del Juan Ramón Jiménez cuando el proceso de desfusión se va consolidando. Persona voluntariosa, León es consciente de las carencias de la Sanidad onubense y se pone como meta convertir el Juan Ramón Jiménez en un hospital de nivel 1 poniéndose como ejemplo el Reina Sofía de Córdoba y como señaló en noviembre al presentar el Plan Estratégico que el hospital ejecutará hasta 2020. Pero antes de conseguir esa meta queda mucho por hacer y lo prioritario es rebajar las listas de espera que se presentan en todos los campos: intervenciones quirúrgicas, citas con el especialista o pruebas diagnósticas.

Pero el siguiente paso importante se dará en marzo. Ese es el mes cuando Salud convoca a los sindicatos representados en la Sanidad pública onubense para perfilar junto a ellos, el diseño de las prestaciones y el proceso de desfusión. Los representantes de los trabajadores mostraron casi siempre unanimidad de posturas ante la Administración. Respecto al futuro de los dos hospitales el asunto no era nada baladí: cómo iba a quedar cada uno de ellos una vez se hiciera efectivo ese proceso de separación. De este modo se llegó al acuerdo de que el Infanta Elena recuperaría la cartera de servicios previa a la existencia del CHUH aunque el punto de fricción fue la Obstetricia, Ginecología y Pediatría. Dadas las obras hechas en el Juan Ramón unos años antes, el SAS arrancó de los sindicatos el acuerdo de que esos servicios se mantendrían en el Juan Ramón siempre y cuando hubiera una apuesta firme de la Junta, de que Huelva cuente en breve con un hospital materno-infantil.

La Delegación Territorial de Salud también convocó a los sindicatos para perfilar las mejoras que deberían realizarse en la Atención Primaria. El movimiento Huelva, por una sanidad digna por su parte, se empezó a sentir ninguneado por la Administración pese a que su portavoz Paloma Hergueta fuera convocada por las gerente del SAS. El movimiento, que acabó constituyéndose en asociación con indiscutible éxito, siguió su camino en la denuncia de las carencias asistenciales recurriendo incluso al Defensor del Pueblo Andaluz. La asociación mantiene su apuesta ya que esgrime desconfianza ante las promesas de la Junta y así lo reiteró en la última de las manifestaciones que celebró en 2017 y que tuvo lugar en noviembre. Desde Huelva, por una sanidad digna se califica de migajas las cosas conseguidas durante este año y estimó en 200 millones de euros el déficit que el SAS mantiene en Huelva, en el capítulo de inversiones sanitarias, respecto a la media andaluza.

Lo más urgente sin embargo, era atajar las listas de espera. Según reconocía el propio SAS, el primer semestre del año no había sido nada halagüeño en este sentido llegándose a más de 100 días de media para una intervención quirúrgica. Ante este panorama, se anuncia en septiembre un plan de choque que coincide en poco tiempo con la apertura de nuevos quirófanos en el Infanta Elena. Ese plan contempla sesiones matutinas y vespertinas de intervenciones quirúrgicas que son cuestionadas desde algunos ámbitos profesionales por la posibilidad de no contar con tiempo suficiente de descanso. En honor a la verdad hay que indicar que ya en verano se empieza a percibir un cambio de tendencia que permitía observar una cierta mejora en las estadísticas.

El año 2017 acaba no obstante con el reconocimiento por parte del SAS, de que el proceso de desfusión aún no está culminado. Aún quedan bastantes profesionales por quedar definitivamente ubicados en uno de los dos hospitales implicados. Del mismo modo queda por saber la configuración final de algunos servicios. Desde sindicatos y Huelva, por una sanidad digna, se considera que el SAS está ganando tiempo para que entre en vigor la que se denomina Ley de Sostenibilidad del sistema sanitario que en la práctica puede dar el visto bueno a gran parte de la fusión que se realizó.

De igual modo, ha levantado suspicacias y recelos el que no haya una partida clara en el Presupuesto andaluz de este año, destinada al prometido materno-infantil.

Un conflicto que se enquistó durante todo el año fue el de la limpieza de los hospitales. Durante meses ésta dejó mucho que desear y de hecho, el SAS procedió a levantar expediente sancionador para la empresa encargada del servicio que mantiene realizando su labor ya que el primer concurso para adjudicarlo quedó desierto. Junto a todo ello, permaneció una lucha sindical en la que los permanentes reproches sobre complicidad con la empresa han sido la tónica habitual.