Los sindicatos se muestran esperanzados pero cautos ante la nueva etapa que se ha abierto. Los dos sentimientos están más que justificados ya que la Sanidad onubense se encuentra en estos momentos en una encrucijada histórica en la que se puede poner punto final al atraso asistencial que aqueja a la provincia.

Las fuerzas sindicales con representación en la Sanidad pública onubense así lo entienden y esa es la razón por la que ayer obtuvieron el compromiso del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de establecer una segunda mesa "para estudiar los déficits sanitarios del conjunto de la provincia de Huelva, con especial atención al Área Norte y a la Atención Primaria". Esa segunda mesa estaría abierta además a la participación de otras entidades de manera que se dejaría la puerta abierta, entre otros, a un interlocutor que ha surgido con fuerza en estos últimos meses: la plataforma Huelva, por una sanidad digna.

Así lo señalaron CSIF, CCOO, USAE, Satse, UGT y SMA a través de un comunicado conjunto emitido tras la finalización del encuentro que mantuvieron por la tarde en el Juan Ramón Jiménez con el nuevo gerente del SAS, Mariano Marín; la directora general de Profesionales, Celia Gómez, y el director-gerente del Complejo Hospitalario de Huelva (CHUH), Antonio León.

La reunión, de algo más de dos horas de duración, sirvió para que quede establecida la apertura de un proceso negociador que, como ya se ha indicado, no solo tendrá como objetivo la futura configuración de lo que parece que dejará de ser Complejo Hospitalario para regresar a la tradicional estructura de dos hospitales en la capital. Aun así, éste no deja de ser un tema importante. La nota conjunta indica que "el gerente del SAS se ha ratificado en el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que decidió la retirada de la Orden de creación del Complejo de Huelva, añadiendo que venía a la reunión sin líneas rojas".

La confirmación realizada por Marín fue contestada por los representantes sindicales manifestando "la conveniencia de que no sea una retirada del recurso con allanamiento, sino una orden de derogación y que dicha orden recoja un periodo transitorio que dé seguridad jurídica a los profesionales en tanto se alcance un acuerdo definitivo para la vuelta a la situación anterior" a la que se vivió de manera oficial, a partir de diciembre de 2015. Esa fue la fecha cuando la consejera de Salud, María José Sánchez ratificó un proceso unificador que ya había comenzado años atrás.

Sea a través de allanamiento u Orden, la reunión de ayer vio necesaria la constitución de una "mesa técnica, que defina la vuelta a los dos hospitales completos aumentando los actuales servicios para colocar al Hospital Juan Ramón Jiménez como hospital de nivel 1 -el mismo nivel que tienen centros como el Virgen del Rocío de Sevilla- y todo ello salvaguardando los derechos de los diferentes profesionales con independencia de la dotación definitiva que para cada servicio se acuerde".

La próxima semana será decisiva para activar este proceso abierto ya que para el día 20, está convocada la mesa sectorial en Sevilla. Es ahí donde el SAS debe pronunciarse sobre si optará por una Orden derogatoria o se inclinará por la retirada del recurso con allanamiento. Con la decisión tomada, los representantes sindicales se volverán a reunir con Antonio León un día después ya en Huelva.

El presidente provincial de Satse, Antonio Botello, explicó que es mejor una Orden derogatoria porque "es más adecuada ya que se trata de una norma que garantiza los derechos de los trabajadores". La Orden supone abrir un período de unos tres meses en los que particulares y entidades pueden presentar alegaciones y definir de manera más concreta el futuro que les puede deparar a los profesionales que han sido afectados, en estos últimos años, por el proceso de fusión. Algunos dejaron el Infanta para continuar su actividad en el Juan Ramón o viceversa de modo que habrá que abordar un gran número de situaciones individuales.

Desde CSIF, su responsable César Cercadillo apuntó que con la Orden se dará más seguridad a una plantilla cuyos vínculos profesionales se han realizado, hasta la fecha, con el Complejo Hospitalario, una entidad legal que va a desaparecer.

La retirada del recurso con allanamiento supondría una anulación inmediata de todos los efectos provocados por la fusión. Pero los sindicatos también quieren conseguir, a través de la Orden derogatoria, que haya un compromiso firme y presupuestado sobre la futura cartera de servicios y de profesionales con los que se han de proveer los dos hospitales de la capital.

El presidente provincial del Sindicato Médico (SM) de Andalucía, Juan Manuel Salguero, justificó también la puesta en marcha de esa segunda mesa porque "la situación que se tiene que tratar en Huelva es mucho más complicada que la que se da en Granada".

Tanto Salguero como Cercadillo apuntaron además, a la importancia que tiene que el SAS dé un respaldo definitivo a la apertura de los Chares. El responsable de Sanidad de CSIF consideró fuera de lugar el debate de cómo será el futuro modelo de los dos hospitales de la capital, mientras "que ni siquiera se haya abierto el Chare de Lepe". En semejantes términos, Salguero indicó que "no podemos contemplar un Infanta Elena carente de prestaciones cuando la provincia no cuenta con ningún Chare". Cercadillo también se mostró partidario de dar una respuesta más contundente a las instalaciones del Área Materno-Infantil que llevan centralizadas en el Juan Ramón Jiménez desde hace algo más de un año. En este sentido, se mostró partidario de dotar a Huelva de unas dependencias que "no se queden obsoletas en ocho años".