El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, anunció ayer que el nuevo Reglamento del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano de Andalucía fijará un mínimo vital de 100 litros por persona y día. Esa cantidad estará garantizada, ya que el consejero recordó que el acceso al agua es un derecho reconocido por la ONU

Fiscal inauguró un taller en la sede de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida sobre transparencia, participación y rendición de cuentas vinculado a la elaboración de la nueva normativa, en el marco de una serie de encuentros temáticos que se celebran desde el pasado 13 de julio y hasta el 27 de septiembre en distintas provincias con representantes de las distintas administraciones y entes locales, expertos, agentes sociales involucrados y empresas del sector.

Se busca consenso para diagnosticar la situación de vulnerabilidad

El objetivo de los mismos es consensuar las medidas que incorpore el reglamento que modificará y ampliará el existente en la comunidad autónoma, aprobado en 1991. En su intervención, el titular de Medio Ambiente justificó la medida "debido al profundo cambio de enfoque que ha supuesto la aplicación de Ley de Aguas de Andalucía de 2010 y la necesidad de reconocer expresamente el agua como un derecho humano, así como de regular los instrumentos que garanticen la prestación de estos servicios a los colectivos en situación de vulnerabilidad".

Sobre la primera de estas cuestiones, señaló que el reconocimiento expreso de este derecho se aprobará a través de una disposición final de la Ley de Cambio Climático, lo que supone asimismo la modificación de la Ley de Aguas. Respecto el establecimiento de un mínimo vital de agua, una de las novedades que recogerá el nuevo reglamento, ha explicado que "estamos trabajando en esta cuestión y en el próximo taller se discutirá cómo concretar la medida, hacia quién va a ir dirigida, qué requisitos deben cumplir y también cómo se afrontarán los costes de la misma".

En este sentido, abundó en que "hay que consensuar cómo diagnosticar la situación económica y de vulnerabilidad de las familias, definir qué entidad o institución implementará la medida, si la bonificación será parcial o total y cómo se financiará, proponiendo soluciones para problemas en la tarificacion, los cánones concesionales o la necesidad de una información más transparente a los ciudadanos". Esto supondrá que el impago de los recibos no dejará sin suministro al menos en esa cantidad mínima estipulada, si bien serán los distintos servicios sociales quienes determinarán a las personas o familias que se encuentran en situación de precariedad.

El consejero de Medio Ambiente cree que el impulso de este nuevo reglamento situará a Andalucía como referente de la regulación del sector. "Con la nueva regulación andaluza, moderna y ambiciosa, crearemos un marco común para que todos los andaluces, vivan donde vivan, tengan garantizado un mínimo común denominador, a partir del cual cada administración local podrá actuar mejorando ese régimen mínimo".

Según prosiguió Fiscal, "estos instrumentos normativos deben nacer con el consenso de todas las personas e instituciones relacionadas con su ámbito de aplicación". Por eso, este taller se ha centrado en los mecanismos de los que ha de dotarse la Administración para poner a disposición de la ciudadanía una información activa, libre y significativa, cómo se puede acceder a esa información fiable y actualizada; cómo se va a garantizar la participación de la ciudadanía o qué medidas adicionales se pueden adoptar.