El viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud se ha reunido con los representantes de los municipios onubenses con objeto de establecer un "contacto directo" para trasladarles las novedades que trae consigo el nuevo decreto ley de viviendas irregulares de la Junta de Andalucía.

Esta norma, sobre la que trabajan también los ayuntamientos y los propietarios afectados, persigue dar una respuesta a las 32.440 viviendas que "se encuentran en un limbo jurídico y urbanístico" en Huelva, según Raynaud. Este número supone el 11% del total de edificios irregulares de Andalucía, que asciende a 327.000.

Por comarcas, la Sierra de Huelva es la que más viviendas irregulares tienen con 9.232, seguida del Condado-Marismas con 8.170. El Andévalo y la Cuenca Minera es la tercera zona con más edificaciones en situación de irregularidad con un total de 7.23, mientras que la Costa Occidental tiene 3.509 y zona metropolitana de Huelva y el entorno 4.506 viviendas de estas características. Según estos datos, Huelva es la provincia andaluza que posee menos viviendas irregulares, al menos reconocidas.

El foco del nuevo decreto ley son, precisamente, las edificaciones irregulares que se han construido al margen de la legalidad urbanística. Sobre las mismas no se pueden adoptar medidas al haber transcurrido el tiempo estipulado para que se haya realizado el restablecimiento del orden jurídico. De este modo, tales viviendas no cuentan, con motivo del origen que tuvieron, con abastecimiento de agua y electricidad ni con servicios básicos que "garanticen las condiciones mínimas de seguridad", según resaltan desde la Junta. 

Por ello, en palabras de Jaime Raynaud, "ante las situaciones irregulares de acceso a los servicios mínimos", se ha tomado la decisión de redactar un decreto ley, que será absorbido por la futura Ley del Suelo, cuyo primer borrador se espera que esté redactado antes de final de año. 

Con objeto de regularizar la situación, se reconocerá las viviendas irregulares y se mejorarán las condiciones medioambientales de estos núcleos. Sin embargo, Raynaud advierte que "no tiene vocación de amnistía", por lo que aquello que es ilegal, "lo seguirá siendo".

La consejería, además, incorporará, con objeto de facilitar la información a los usuarios, un portal web que se dirija a los propietarios con un lenguaje sencillo y una ventana de ayuda para los ayuntamientos y técnicos.