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Huelva

Proteger la salud empresarial de la economía sumergida

Como sociedad vivimos con unas reglas establecidas que en nada se adaptan a las reales necesidades de las empresas que subsisten día a día en un clima de continua incertidumbre e indefensión, en tanto las administraciones públicas son incapaces de afrontarlo con la contundencia que el tema requiere.

Por todos es sabido que tenemos un mercado globalizado, volátil y cambiante al que no en pocas ocasiones se hace complicado adaptarnos y todo acrecentado por nuestra situación geográfica, al ser frontera natural con Portugal y Marruecos, países con unos costes salariales mucho más bajos que los nuestros y que hacen que estas empresas sean mucho mas competitivas en nuestro mercado.

Además, nos encontramos con un handicap proveniente directamente de la actividad inspectora de la Administración, la cual, en principio, tiene una finalidad vital e importante para el buen funcionamiento de nuestra economía, vigilando el estricto cumplimento de la ley por parte de las empresas, lo que permite que todas entren en juego en igualdad de condiciones.

El problema surge cuando esta misma Administración no es capaz de hacer cumplir con la legalidad a ciertos establecimientos que trabajan sin autorizaciones, sin permisos o sin licencias, y que, por tanto, son inexistentes ante la autoridad fiscal, laboral, económica, etcétera.

En ese ‘limbo’ se ejercen actividades ilegales incontroladas por la función inspectora, siendo este hecho no sólo todo un aliciente para que sigan actuando con total impunidad sino que el número de ellas aumente, generándose toda una actividad clandestina a la vista de todos, no importando si la misma se realiza en una vivienda, local comercial o nave industrial, todo sirve.

Todo lo anterior forma parte de este grave problema que afecta a nuestra provincia y que tiene nombre y apellidos ‘Economía Sumergida’ y que, según el último informe del CES, en nuestra provincia un 25% de la actividad económica forma parte de esa acción clandestina.

Un significativo e importante dato que deja ver una realidad que no es otra que la debilidad e impotencia de las pymes y micropymes que sufren especialmente esta lacra.

Creo firmemente que la Administración debe tomar cartas en este asunto, pues si bien los empresarios hace años que venimos manifestando esta realidad, ahora hay un estudio que no sólo lo corrobora, sino que lo cuantifica, motivo por el que se hace especialmente necesario la intervención de la Administración con un equipo de inspectores que acudan a estas pseudo empresas y se apliquen exactamente los mismos protocolos que a las legalmente constituidas.

Pensemos que la salud de nuestra economía no está para muchos experimentos y no se puede poner en riesgo con este tipo de ‘infecciones’ causadas por una competencia desleal feroz y desmedida.

Daniel Toscano Rodríguez es presidente de la Asociación de Construcciones y Reparaciones Metálicas de la FOE.

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