El portavoz provincial de Podemos Huelva, Hermes Gómez, ha reclamado a las instituciones onubenses “medidas efectivas para propiciar el derecho a una vivienda digna y adecuada para toda la ciudadanía”. Asimismo, insta a las administraciones locales a “aprobar subvenciones para el pago de alquiler o hipoteca de familias que lo estén pasando especialmente mal” a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia de covid 19.

“En estos momentos difíciles para todos es cuando hay que garantizar este derecho básico de una vez”, ha subrayado Gómez, sobre todo cuando los datos de los portales inmobiliarios “vuelven a manifestar que el alquiler en la provincia de Huelva sigue subiendo casi a su máximo histórico”, con un precio de 6,7 euros el metro cuadrado, siendo 6,8 el máximo registrado antes de que comenzara la pandemia.

El portavoz morado ha señalado que “los hechos vuelven a demostrar que la vivienda es considerada por el mercado como un bien más con el que comerciar, ante la total desprotección de las instituciones en un contexto de crisis económica muy grave”. Por ello, la Ley por el Derecho a la Vivienda, impulsada por Unidas Podemos en el Gobierno central, “se convierte en una esperanza real para los y las onubenses”, ya que se centra en “poner en marcha mecanismos efectivos para garantizar el derecho a no quedarse sin hogar y a blindar el uso social innegable que una vivienda tiene”.

“La situación en Huelva es llamativa,incide Gómez, ya que es una de las capitales españolas con mayor incremento en el precio en el mes de febrero respecto a enero, solo superada por otras cuatro provincias”, según los datos de un conocido portal inmobiliario. Por todo ello, “nuestros representantes no pueden mirar para otro lado”, y mientras se aprueba una ley estatal que “proteja a toda la ciudadanía”, las autoridades locales “tienen la obligación de destinar parte de su presupuesto a garantizar un derecho básico como es el de la vivienda”, ha insistido.

El portavoz onubense ha remarcado que “la crisis del coronavirus y su impacto sobre el mercado inmobiliario deben servir para reivindicar la necesidad de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución Española”. Asimismo, “revertir las políticas de mercantilización, dibujando un horizonte normativo en el que la vivienda cumpla su función social y no sea mera mercancía o un objeto de especulación” es algo a lo que “no se puede renunciar”. Gómez apunta que “es ahora cuando se presenta la oportunidad de articular un verdadero sistema público de vivienda”.

Por último, ha indicado que la nueva ley estatal, de la que existe un borrador, también “hace hincapié en garantizar los suministros necesarios como la luz, el agua, el gas y el acceso a las telecomunicaciones, para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna”. En este sentido, “se trata de una ley ambiciosa”, señala Gómez, que “pone a las personas como centro, sin dejarse a nadie atrás”.