Tal y como estaba previsto, con el apoyo de todos los grupos menos del PP, que votó en contra, el Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer la revocación (dejar sin efecto, que no anular) el acuerdo plenario del 30 de abril de 2014 por el que el Consistorio pidió acogerse a las medidas del plan de ajuste del Gobierno. Por extensión, también se revocó la adaptación que se hizo, en el Pleno del 28 de mayo de hace cuatro años, de aquella aprobación al nuevo calendario de amortización del primer pan de pago de proveedores.

De los cuatro apartados del único punto del orden del día que se votó, este es el que a buen seguro marcará los pasos futuros del Ayuntamiento. Pero también será crucial otro. Concretamente el que contempla la solicitud al Ministerio de Hacienda de que revise la resolución del 23 de julio de 2014 por la que se le concedió al Ayuntamiento la autorización para financiar mediante una operación de crédito (65 millones de euros) a largo plazo el remanente negativo de tesorería para gastos generales del año 2012.

Según destacó el alcalde, Gabriel Cruz, la propuesta aprobada ayer a instancias del equipo de gobierno se fundamenta en el último dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) e invalida un procedimiento administrativo que, "como sostiene taxativamente el máximo órgano de asesoramiento jurídico de la comunidad autónoma, supuso una vulneración flagrante de la ley, tanto por parte del Ministerio como del Ayuntamiento".

"No hablamos de defectos formales, sino de algo tan grave como que el Ayuntamiento de Huelva no cumplía los requisitos para acogerse a las medidas extraordinarias de financiación decretadas por el Ministerio, y aun así se acogió, de manera ilegal", manifestó. Y es que, a su juicio, basta con leer el dictamen del Consejo Consultivo para entender que lo que se hace es "devolver al Ayuntamiento de Huelva a la senda de la legalidad".

El PP -que recibió un aluvión de críticas por su gestión al frente del Ayuntamiento en el anterior mandato (la entrada en el plan de ajuste se acordó sólo con sus votos)- criticó el "victimismo" del equipo de gobierno y argumentó que la revocación del acto plenario de 2014 no es algo que tenga que dictaminar el Consultivo, sino que es una posibilidad "ya conocida" y que se ha podido hacer antes. Además, el edil popular Saúl Fernández, quien denunció que los socialistas han "ocultado" al CCA la resolución por la que Hacienda aprobó la adhesión del Ayuntamiento al plan de ajuste, destacó que el Consultivo da la razón al anterior equipo de gobierno, toda vez que en la primera parte del dictamen deja clara su negativa a anular los acuerdos por los que el Ayuntamiento pidió acogerse al decreto del Gobierno.

Fernández también reprochó a los socialistas que, entre el primer dictamen desfavorable del Consultivo y el último dictamen conocido ahora (que mantiene lo ya dicho con anterioridad aunque abre la vía a la revocación del acuerdo plenario de 2014), el equipo de gobierno haya "ocultado" una solicitud de aclaración intermedia que envió y cuya respuesta fue en los mismos términos que la primera. Esta aclaración llegó en junio y, a su juicio, debió pasar por Pleno y que el secretario refrendase en el acta todos los documentos del expediente.

En todo caso, para IU el reciente dictamen del órgano no es una victoria, si bien el Ayuntamiento "ha ganado dos años y medio de tiempo" para negociar el pago de los 68 millones y de la deuda, algo que, según advirtió el presidente del grupo, Pedro Jiménez, condicionará el presupuesto para 2018. El grupo apoyó al equipo de gobierno porque ya en su día votó en contra de la solicitud del préstamo, que suponía "un endeudamiento brutal" y, sobre todo, "fue una medida electoralista" del PP cuando gobernaba.

También lo hizo Ciudadanos. Su portavoz, María Martín, quien se mostró partidaria de salir de un plan de rescate y de intervención que "nos ha tenido atados en los últimos años", votó a favor porque el Ayuntamiento entró en el plan de ajuste "sin cumplir los requisitos para ello".

Mesa de la Ría valoró como "positivo" el acuerdo de ayer porque, a su juicio, "lo mejor es que el Ayuntamiento deje de estar intervenido por Hacienda". Su portavoz, Rafael Gavilán, criticó la "nefasta" gestión económica que hizo el PP al frente del Consistorio, mientras que el concejal de Participa Huelva, Jesús Amador, valoró que los populares hacían "lo que les daba la gana" y calificó de "amnistía" el plan de ajuste de Montoro que "llevó a privatizar servicios". Los ediles no adscritos Enrique Figueroa y Ruperto Gallardo, por su parte, también defendieron la importancia de que el Ayuntamiento recupere su autonomía y, tal como ya habían avanzado, respaldaron al PSOE.

Toda la oposición dejó claro que, tras la iniciativa aprobada ayer, el Ayuntamiento debe sentarse con Hacienda, que es la que tiene la última palabra para dejar sin efecto el plan de ajuste. Además, los grupos insistieron en que el Consistorio tendrá que pagar el préstamo, cumplir con sus obligaciones y no perjudicar a terceros.

Al respecto, el alcalde avanzó que ya ha solicitado una reunión al Ministerio de Hacienda "para abordar la forma en que vamos a gestionar esta situación desde el respeto a la autonomía financiera del Ayuntamiento pero sin perjudicar a terceros", habida cuenta de los compromisos que se derivaron de las condiciones del plan de rescate.

"Tenemos que pagar los préstamos, pero es necesario establecer un marco de orden, seguridad y estabilidad", señaló. El siguiente peldaño será la convocatoria de otro Pleno extraordinario para aprobar inicialmente unos presupuestos para 2018 cuyo borrador ha estado elaborando el equipo de gobierno en paralelo a la espera del dictamen del Consultivo.