Habrá acciones legales. Con alguna ausencia (previa delegación del voto) e incluso sustitución de representante, los patronos del Festival de Cine Iberoamericano decidieron ayer, durante la reunión que mantuvieron en la Casa Colón, tomar una decisión judicial sobre los asuntos legales de la muestra relativos a la gestión del anterior director, Pedro Castillo.

Interpondrán una denuncia ante la Fiscalía. El patronato -integrado por el Ayuntamiento, la Consejería de Cultura, el Ministerio de Cultura y la Diputación- llevará al Ministerio Fiscal "el resultado arrojado por la auditoría de cuentas de la deuda generada por la gestión de 2015", correspondiente al exdirector del certamen. Lo hará "en ejercicio de su responsabilidad", según se indica en el escueto comunicado remitido ayer por el Ayuntamiento, tras ser acordado con el resto de administraciones del patronato, entre las que se impuso el silencio más absoluto.

Tal y como avanzó Huelva Información en su edición del pasado miércoles, los servicios jurídicos del festival consideran, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, que Castillo (al frente del festival entre el 1 de mayo de 2014 y el 28 de febrero de 2016) pudo incurrir en "posibles delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida y falsedad documental".

Para llegar a esta conclusión, ponen sobre la mesa varias cuestiones, entre ellas el resultado de la citada auditoría llevada a cabo por el revisor designado el 15 de abril de 2016, quien emitió un informe desfavorable de las cuentas de 2015: concluyó que, a 31 de diciembre, "no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la fundación, ni de sus resultados".

El revisor fundamenta su valoración en varios aspectos. Entre ellos, destaca la imposibilidad de haber podido verificar por medios alternativos "la totalidad de las cuentas a cobrar a clientes y deudores de la fundación, incluidos en el balance por un importe de 294.023,91 euros". Del mismo modo, indica que tampoco ha podido comprobar por medios alternativos los saldos de acreedores comerciales (las deudas de la fundación) incluidos por "un importe total de 273.180,01 euros".

Así, el consultor precisa que se ha recibido documentación en la circulación realizada a proveedores y acreedores "cuyo saldo, deuda pendiente de pago, asciende a 154.814,48 euros".

Según consta en el documento, de los deudores existentes al final del ejercicio -es decir, los derechos de cobro- "el 58,43% (171.800 euros) se corresponden con empresas vinculadas a Pedro Castillo, que no han atendido a la circulación realizada por el auditor". El 20,40% -según precisa- son las aportaciones del Patronato, abonadas en 2016, y "están pendiente el resto de colaboraciones".

Para el revisor de cuentas es "significativa" una factura "emitida el 30 de noviembre por la entidad Mediasei Projects SL y referida a la comisión de agencia del 20% por los patrocinios de Seguros Santa Lucía, Gobierno de Gibraltar, Egeda, Film Comisión Bilbao, Danone, Global Media, Delta Moquetas y Martini, entidades que no han ingresado los patrocinios a la Fundación y desconocemos el destino del dinero".

También llama la atención del auditor un hecho posterior que considera significativo: "El 25 de febrero de 2016 la póliza de crédito se dispone totalmente con un saldo acreedor de 100.000 euros", lo que, a su juicio, ocasiona "gran incertidumbre sobre la continuidad de la fundación al carecer de liquidez inmediata".

Del mismo modo, destaca otro hecho posterior referido a "pagos realizados desde el 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2016, realizado a varios proveedores o acreedores cuyos contratos fueron renovados o modificados por Castillo y que ascienden a 23.060,76 euros", del que el auditor dice no haber obtenido evidencia de la prestación realizada.

En la documentación abordada ayer por los miembros del patronato, se señala también que el ex director, a través de un despacho de abogados, presentó el 22 de junio de 2017 un escrito en la secretaría del festival en el que "reclamaba el cobro de su porcentaje por patrocinios logrados por su gestión durante los años 2014 y 2015", para lo que aportó copia de los supuestos contratos y las facturas correspondientes a cada uno de ellos. Pero ante este aporte documental, el departamento de contabilidad de la fundación "no encontró reflejo contable" de los patrocinios en dinero, de forma que, al igual que el auditor, ignora dónde pueden haber ido a parar las cantidades indicadas en los contratos.

Asimismo, dado "el sospechoso aumento" de los patrocinios de un ejercicio para otro (las facturas presentadas por Castillo "pasaron de 18 en el año 2014 a 57 en el 2017"), se procedió a revisar el contenido de dichos patrocinios. El resultado, según los documentos, es que "muchos de ellos no son tales", sino que se trata de "prestaciones de servicios o de productos retribuidos por el festival, ya sea en metálico o en el equivalente en publicidad" durante las ediciones del festival.

Al respecto, se indica que algunos de esos supuestos patrocinadores han llegado incluso a reclamar al festival el pago de las cantidades que afirman le son adeudadas como consecuencia de los servicios prestados, negando haber hecho donación de estos.