LA Junta de Andalucía anunciaba recientemente a bombo y platillo la firma del Pacto por la Vivienda, un acuerdo entre administración, empresarios, sindicatos y bancos y cajas para tratar de solucionar uno de los mayores problemas de la sociedad no sólo andaluza, sino del conjunto del país: la dificultad (o práctica imposibilidad) de gran parte de la población para acceder a una vivienda propia. Un acuerdo con el que se quieren construir 300.000 viviendas con algún tipo de protección en diez años, muchas de ellas en Huelva.

Ese Pacto se ha acompañado de una primera medida autonómica: la salida a concurso de parcelas de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en toda la comunidad, también en Huelva. La parcela pionera de este Pacto en la capital se sitúa en el Plan Parcial del Seminario, el mismo en el que ya se están construyendo viviendas a precio tasado gracias a un acuerdo del Ayuntamiento con los empresarios de la construcción. Municipio y autonomía son propietarios al 50 por ciento del suelo de la zona y tras el Ayuntamiento es ahora la Junta la que quiere impulsar la construcción de viviendas protegidas, en concreto 182, en lo que será prácticamente una nueva barriada en la capital. Además, en ese Plan Parcial aún queda bastante suelo autonómico que configurará de seguro gran parte de la oferta de vivienda para la capital dentro del Pacto recién firmado.

El documento contempla también la posibilidad de realizar reservas de suelo de forma conjunta, es decir, en una unión de Junta y ayuntamientos de ciudades mayores de 100.000 habitantes. Y ahí Huelva es pionera: en el año 2004, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva rubricaban un acuerdo para la adquisición de terrenos al norte de la ciudad para construir VPO, la denominada área de reserva de Huelva-Norte, que según sus previsiones serviría para construir en torno a 3.000 de esas viviendas.

Sin embargo, desde aquella lejana firma el proyecto ha venido retrasándose, hasta el punto de que este verano se tuvo que reiniciar la operación (por segunda vez) tras haber caducado el expediente. Tras la firma del Pacto parece que ya no podrá haber más retrasos si la Junta quiere cumplir los plazos que se ha marcado: diez años son un tiempo corto para conseguir suelo y construir 300.000 VPO y 400.000 libres.

Por ahora, los pasos corresponden al Ayuntamiento: después de aprobar de forma definitiva la delimitación del área de reserva (281 hectáreas) se está poniendo en contacto con los propietarios de los terrenos para negociar. La intención municipal es lograr acuerdos con esos dueños del suelo en el que se quiere hacer el que será uno de los mayores desarrollos urbanos de la ciudad (junto a San Antonio-Montija), antes que llegar a unas expropiaciones que costarían de 24 millones de euros en adelante. Los plazos se acortan, y no sólo por el Pacto por la Vivienda: el nuevo Plan General convertirá esos suelos, hasta ahora rústicos, en urbanizables y así se lo recuerda Urbanismo a los propietarios.

Son todos los que están y están todos los que son. La cercanía de las elecciones se deja notar en las fotografías amables, bien preciado de cualquier político en campaña, y así ocurre en esta visita al colegio Príncipe de España, centro multicultural que reúne a populares y socialistas para celebrar su reforma.

La segunda modernización ha llegado a las sedes administrativas de la Junta de Andalucía. Mientras aún se ejecuta la reforma de la Delegación de Salud, la Junta ha sacado a concurso la ampliación de la Delegación del Gobierno con un nuevo edificio, un parking subterráneo y un patio central.