Aunque se anunciaron para marzo, las obras de remodelación de la antigua sede de Hacienda no han comenzado aún. Y eso que entonces la Junta, que es la administración propietaria y que promueve la reforma, celebró una reunión con el Ayuntamiento para que el arranque de la reforma no interfiriera con la Semana Santa.

Hace un par de semanas, desde la Administración autonómica se argumentaba que la empresa adjudicataria estaba pendiente de que el Ayuntamiento le otorgase la licencia de ocupación de la vía pública, algo que estaba previsto para después del Rocío. Así, fue el pasado 23 de mayo cuando desde Urbanismo se firmó por parte del concejal del área, Manuel Gómez, la correspondiente licencia, tal y como precisaron desde el propio Consistorio.

Sin embargo, hasta el día de ayer, desde la Administración autonómica se sigue sin avanzar una fecha determinada para el arranque de las actuación, toda vez que aducen que la constructora no está obligada a comunicarlo.

Ante este retraso, el parlamentario del PP por Huelva Guillermo García Longoria registró en el Parlamento una pregunta la semana pasada (será respondida en comisión en un par de semanas). Su grupo quiere conocer "en qué situación" se encuentra la actuación y "si se van a cumplir los plazos previstos para la terminación".

Veinte meses es el plazo previsto para que se acometa la reforma, en la que la Junta invierte 5,6 millones, y el horizonte temporal anunciado es que el edificio esté "plenamente operativo en 2019". El objetivo es trasladar hasta este nuevo emplazamiento la Delegación del Gobierno andaluz en Huelva, que en la actualidad se ubica en el edificio de la calle Sanlúcar de Barrameda, junto a la sede de la UNED, y en cuyas instalaciones trabajan 137 personas.

No obstante, el 112 y la Policía Autonómica se quedarán en ese edificio, donde también está la Delegación de Medio Ambiente. Esto permitirá liberar el edificio actual, en el que se reubicará la Delegación de Fomento y Vivienda, que ocupa en la actualidad un inmueble arrendado en la avenida de la Ría, por lo que estos cambios supondrán un ahorro de cerca de 400.000 euros anuales en alquileres, tal y como destacó en febrero la todavía consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, futura ministra del Gobierno de Pedro Sánchez.

A juicio de García Longoria, los temores de los populares son "fundados", toda vez que "se acumulan las promesas con este edificio y, lo que es peor, los incumplimientos". Al respecto, señaló que la Junta ya "anunció a bombo y platillo hace seis años la rehabilitación para uso administrativo, en virtud del proyecto contratado por el Gobierno andaluz con un presupuesto de 638.488 euros, proyecto que debería haber propiciado la reapertura del edificio en 2013".

Más allá de criticar este "nuevo incumplimiento de la Junta y del PSOE con Huelva" el parlamentario también reprochó al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, su "silencio cómplice", toda vez que "sabe que se están incumpliendo los plazos pero parece que le da igual todo". A juicio de García Longoria, esta actuación es muy esperada en la ciudad, pues el edificio lleva más de 20 años cerrado y "ya es hora de que la Junta la ejecute".

Mediante la reforma, el inmueble, inscrito en el Catálogo de Edificios Protegidos de la Ciudad con grado P2 (protección tipológica y estructural), conservará íntegramente su fachada. Sin embargo, al constatarse en las inspecciones, según indicó el Ayuntamiento de la capital, un "daño estructural irreversible", el interior será reconstruido atendiendo a la tipología original. Conservará su tipología con un patio central de dimensiones similares al actual, galería perimetral en las plantas primera y segunda, y cubierto por una montera. El edificio tendrá una superficie construida de 3.518 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas de altura y una de sótano.