En apenas ocho días, su iniciativa cuenta ya con más de 2.300 firmas recogidas a través de la plataforma Change.org. Rubén García, un onubense de 33 años, es el impulsor de una protesta ciudadana dirigida al Ayuntamiento de la capital por el servicio que ofrece Dornier, la empresa contratada para la explotación del aparcamiento público, así como por el trato "vejatorio" que, según denuncia, profiere al usuario.

El detonante de la protesta tiene su origen en un incidente que ocurrió el pasado 12 de agosto, cuando Rubén dejó su vehículo estacionado en la zona ORA (ordenación Regulada de Aparcamientos) naranja de la calle Argantonio número 3. En primer lugar, según relata el usuario, se dirigió a la máquina situada abajo, si bien, tal y como le indicaron varias personas, el parquímetro no estaba en servicio. Por ello, asegura que se dirigió a otra ubicada más arriba, aunque esta "tampoco estaba en servicio".

Ante esta situación, el joven decidió dejar una nota en su turismo para dejar constancia de lo sucedido. Además, tomó fotografías de las máquinas y del escrito dejado sobre el volante. Cuando a las dos de la tarde regresó a su coche, asegura que no vio nada en el parabrisas. Así, ni le llegó notificación de sanción alguna ni le dieron la multa física, según narra.

Hasta aquí todo en o orden, si no fuera por que cuando su madre acudió a abonar el sello del vehículo al Servicio de Gestión Tributaria el pasado 7 de septiembre se encontró con la sorpresa de que sobre el coche pesaba una multa de 90 euros.

Este hecho hizo que Rubén canalizase su indignación, y la de otros muchos usuarios que se han sumado a su protesta, a través de las redes sociales y de Change.org. Según explica en la petición, el centro de Huelva cada día se encuentra más desierto, debido, entre otras razones, a tener que pagar por aparcar, "cosa que no sucede en Holea".

Mientras tanto, la empresa Dornier "no es capaz de mantener un servicio adecuado, al tener gran parte de sus máquinas fuera de servicio, y obliga a que los usuarios se descarguen su aplicación para pagar, de modo que no tienen en cuenta a las personas mayores que no tienen conocimiento de uso de estas aplicaciones".

Además, según asegura, la concesionaria "ofrece un trato denigrante a las personas que a sus oficinas se dirigen para pedir las oportunas explicaciones, negándose incluso a dar las multas a los afectados". Bajo su punto de vista, la empresa sólo usa esta aplicación "para su interés, esto es, que los ciudadanos paguen, pero nunca para avisar a los ciudadanos que han sido multados, lo que demuestra su incompetencia".

El onubense, según asegura, ha presentado reclamaciones ante Consumo, el SGT y la empresa. Esta última sí ha respondido a su requerimiento. En su argumentación, la concesionaria explica que al no anularse la multa en el plazo y tasa establecida por la ordenanza, el expediente fue remitido al órgano instructor. También aduce que el cliente fue atendido los días 12,13 y 14 de septiembre "en todas las ocasiones cortésmente" y se le informó de la normativa, las diferentes formas de pago y las formas de presentar alegaciones.

Alega, por otra parte, que tres máquinas cercanas estaban en funcionamiento (situadas a 20, 54 y 98 metros del coche estacionado) y que el controlador le dejó el boletín informativo de la denuncia, así como que existe el método del pago por móvil como medio alternativo.

Sin embargo, Rubén asegura que a la empresa no le importa nada el servicio que presta a los onubenses, ya que "en ningún momento se ha disculpado por el servicio que ofrece debido al estado de su maquinaria". Por otra parte, considera que la empresa, en la respuesta a su reclamación, muestra las distancias a la que están sus máquinas sin importarle nada si el ciudadano puede andar, si esta impedido o tiene alguna dolencia. Estas distancias marcadas en metros, tal y como explica, "hay que multiplicarlas por dos, ya que hay que volver al vehículo a dejar el ticket".

Considera Rubén, además, que en la imagen que muestran de su coche apenas se aprecia que hay un papel en el salpicadero. "¿Por qué no me mandan la otra que tienen que se ve perfectamente?", se pregunta. Su desacuerdo también es patente cuando le reiteran la opción de que se baje la aplicación, un método del que no es partidario, ya que, por ejemplo, las personas mayores que no saben usar los móviles no podrían usarlo.

Estos y otros comentarios de Rubén en las redes sociales han tenido una masiva respuesta, si bien el onubense asegura echar en falta interés alguno por parte del Ayuntamiento. El usuario, que pagó su multa, no quiere que el asunto caiga en saco roto y por eso ha emprendido la recogida de firmas.