El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha avalado la sanción de 3.000 euros impuesta por la Junta de Andalucía a la armadora y el patrón de una embarcación que fue sorprendida cuando capturaba chirla en zona prohibida, en la Reserva de la Desembocadura del Guadalquivir.

La sentencia desestima el recurso interpuesto por los sancionados contra la Resolución de Secretaría General Técnica la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía que ratificaba la emitida por la Dirección General de Pesca y Acuicultura que imponía dicha sanción económica así como la suspensión de la autorización por cuatro meses y la imposibilidad de obtener subvenciones por dos años.

La sanción fue consecuencia del expediente tramitado por la Delegación Territorial en Huelva y la misma se les impuso por "la comisión de la infracción grave" tipificada en la Ley de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura: "El ejercicio de la pesca en fondos prohibidos, en caladeros o períodos no autorizados o en zonas o en épocas de veda".

Este expediente tiene su origen en las actuaciones llevadas a cabo por Agentes de la Inspección Pesquera el 10 de noviembre de 2015 cuando se localizó a la embarcación en una zona del caladero del Golfo de Cádiz faenando con arte de draga hidráulica, concretamente en la Reserva de la Desembocadura del Guadalquivir, donde está prohibida la actividad marisquera en esa modalidad.

Los agentes subieron a bordo y comprobaron las capturas de chirlas, el 30 % inmaduros por talla inferior a la reglamentaria, que se devolvieron al mar.

Los recurrentes alegaban en contra de la resolución la nulidad de pleno derecho de la misma por incompetencia de la Delegación Territorial de Huelva para instruir el expediente, ya que la zona donde se interceptó la embarcación pertenece al Distrito Marítimo de Sevilla.

También recurrieron por considerar falsos los hechos imputados, ya que a bordo de la embarcación aseguran no se verificó el tamaño de la chirla.

Argumentación que ha sido desestimada por el alto tribunal, que ha ratificado la resolución al entender que es ajustada a derecho