Huelva

Los menores infractores de Almonte podrán cumplir sus castigos en el municipio

  • Realizarán trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas sin tener que desplazarse hasta la capital

Rocío del Mar Castellano y Alfredo Martín, durante la firma del acuerdo.

Rocío del Mar Castellano y Alfredo Martín, durante la firma del acuerdo. / H. Información

Un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de Almonte beneficiará a los menores infractores de la localidad onubense, ya que podrán cumplir las medidas judiciales que les impongan los juzgados de Menores en su propio municipio y sin necesidad de desplazarse hasta la capital.

Un convenio de colaboración, cuya prórroga ha sido firmada hoy entre el delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Huelva, Alfredo Martín, y la alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, facilitará que este tipo de medidas de medio abierto, que no conllevan internamiento de los menores, sean ejecutadas en servicios municipales.

De esta forma, el acuerdo permite el desarrollo de trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socieducativas que llevarán a cabo estos jóvenes en diferentes servicios del Consistorio como puedan ser culturales, educativos o o de atención social, siempre bajo la supervisión de los técnicos municipales y los servicios de Justicia Juvenil de la Delegación además de la pertinente autorización judicial. Igualmente, el convenio incluye el seguimiento de la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar por parte de la Policía Local o, en su defecto, por otro personal funcionario que desempeñe estas funciones.

El objetivo es canalizar la cooperación y colaboración entre ambas administraciones para la ejecución de las medidas y la intervención en el entorno familiar de menores infractores en situación de conflicto con la sociedad, que hayan de cumplir las referidas medidas. Así, la colaboración institucional permite actuar en su entorno, lo que contribuye a una intervención más eficaz para las personas menores, y a la prevención de conductas de riesgo en los propios municipios.

Como administración competente en Justicia Juvenil, y tal y como recoge la Ley del Menor, la consejería y sus delegaciones tienen la potestad de alcanzar este tipo de acuerdos con entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo y cumplimiento de estas medidas.

La realización de estas tareas no implica ningún tipo de relación laboral con la entidad ni tampoco son remuneradas. Además, todas deberán estar adaptadas a las capacidades del menor y estarán relacionadas con las actividades que desarrolla la misma.

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