Una vez comprobado que el sistema judicial falló en el caso de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, todas las partes intervinientes en el proceso dedicaron la jornada de ayer a tratar de justificar su intervención y derivar las posibles responsabilidades hacia otro lado. Ni el juez, ni la fiscal ni la consejería de Justicia de la Junta se sienten culpables de que el principal sospechoso del crimen se hallara en libertad, a pesar de la condena firme que pesaba sobre él de dos años y medio de cárcel por haber abusado sexualmente de su hija.

El primero en marcar distancias fue el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, el juez Rafael Tirado Márquez, quien sostiene que durante dos años (entre marzo de 2006 y marzo de 2008), nadie le informó en su juzgado de que Santiago del Valle no había ingresado en prisión para cumplir la condena que le había impuesto por los abusos a su hija. El juez, que está bastante consternado por lo ocurrido y que incluso desde ayer cuenta con protección policial, insiste en que ha tramitado con "celeridad" la ejecutoria de la sentencia de Santiago del Valle. Entre enero de 2006, cuando la Audiencia devuelve los autos al juzgado tras confirmar íntegramente la sentencia -un fallo que se produce dos años y medio despúes de la primera resolución-, y marzo de 2006, el juez ordena que se proceda al cumplimiento de la sentencia y dicta una serie de oficios para averiguar el patrimonio del acusado, con la finalidad de conocer si dispone de recursos para pagar la indemnización a su hija a la que también fue condenado.

Rafael Tirado señala que, en marzo de 2006, se produce otro acontecimiento que influye en la tramitación: la funcionara que lleva estos asuntos causa baja por enfermedad y su sustituta no se incorpora hasta agosto, cinco meses después. La Consejería de Justicia, según el magistrado, no suple esta ausencia de la funcionara salvo "tres días" en el mes de julio.

La consejera de Justicia, María José López, resta, en cambio, trascendencia a esta denuncia del magistrado, a pesar de que su departamento es el responsable de dotar a los órganos judiciales de los medios materiales y personales para que la Justicia funcione con agilidad y eficacia. Lo que no puede obviarse es que un juzgado que durante cinco meses no cuenta con la funcionaria encargada de tramitar la ejecución de las sentencias, acumula un mayor retraso, que se hace aún más evidente si se tiene en cuenta que el juzgado de lo Penal tiene ahora 600 causas de ejecución abiertas.

Junto a la ausencia de la funcionaria, el juez esgrime en su defensa que durante dos años nadie le comunica ninguna novedad sobre el asunto, pero la ejecutoria de la sentencia sigue tramitándose en el órgano del que es máximo responsable, aunque con un resultado desigual y con un parón de un año y medio (entre marzo de 2006 y septiembre de 2007). En este momento interviene otro de los actores que pueden resultar claves en lo ocurrido: la secretaria del juzgado de lo Penal número 1, Juana Gálvez Muñoz, que firma una "diligencia de ordenamiento" en la que literalmente acuerda que, en cumplimiento de la resolución del juez (de 18 de enero de 2006) que denegó la suspensión de la condena a Santiago del Valle y su esposa, se procesa a la averiguación de domicilio y actual paradero de la mujer y, asimismo, "a la detención e ingreso en prisión" del pederasta. En el expediente de ejecución aparece que tras esta diligencia, la secretaria remite un oficio a la Fiscalía de Sevilla (de fecha 9 de octubre de 2007) con la finalidad de que el Ministerio Público se pronuncie sobre si procede la detención e ingreso en prisión del condenado. Ese requerimiento, según el juzgado de lo Penal, no fue contestado por la Fiscalía, por lo que cinco meses después (el 7 de marzo de 2008), se le vuelve a requerir y es entonces cuando la Fiscalía interesa la detención de Santiago del Valle.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, niega la mayor y asevera que estos dos requerimientos no fueron efectuados en realidad, puesto que según la fiscal jefe, que fue la que representó al Ministerio Público en el juicio a Santiago del Valle, desde que la sentencia adquirió firmeza "no consta ninguna entrada de la causa" en la Fiscalía hasta el 7 de marzo de 2008, es decir, más de dos años después de que la Sección Séptima de la Audiencia confirmara la condena del pederasta.

Este tribunal tampoco sale bien parado en el informe elevado ayer por Segarra a la Fiscalía General del Estado, por cuanto la Sección Séptima tardó dos años y medio en resolver el recurso de apelación presentado por Santiago del Valle contra su condena por los abusos sexuales a su hija.

Entre unos y otros, la Policía es la que no tuvo ninguna intervención irregular, puesto que Santiago del Valle no fue puesto en busca y captura y por tanto no podía detenerlo.

Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz Cortés, está implicado desde el años 2000 en, al menos, nueve causas penales, de las cuales cinco se corresponden con delitos de abusos sexuales. Además de las condenas conocidas por abusar de su hija y de una niña de nueve años, el pederasta tiene abiertas unas diligencias en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla por unos tocamientos realizados a una menor el 8 de diciembre de 2006, procedimiento que está pendiente de un informe psicológico.

El individuo, de 43 años, también estuvo imputado en el año 2003 por unos tocamientos a otra niña, aunque la causa fue archivada porque no había pruebas suficientes, puesto que el padre de la niña no quiso denunciar y aseguró que sólo se trató de un "empujón". En su historial penal, que no incluye los posibles delitos cometidos antes del 2000 -dado que los archivos no estaban informatizados con anterioridad-, también consta el procedimiento abierto en Gijón por la denuncia por acoso a otra menor. Santiago del Valle también figura como denunciado por una falta de defraudación de fluido eléctrico, por haber dado luz ilegamente a la chabola donde vivía en la calle, caso que está pendiente de ser enjuicado como una falta, y otra denuncia por hurto, que acabó con una sentencia absolutoria. El individuo figura como denunciante de otros tantos procesos por robos y daños, que fueron archivados, un final que también siguió la denuncia que Santiago del Valle interpuso en su día contra la Junta de Andalucía por la retirada de sus dos hijas ante el desamparo en el que estaban.

Durante este tiempo y aunque el juzgado de lo Penal de Sevilla tenía al pederasta en situación de paradero desconocido, lo cierto es que Santiago del Valle ha estado localizado e incluso ha comparecido durante más de un año cada quince días en el juzgado, en las comparecencias apud acta fijadas en el procedimiento que sigue abierto por uno de los tocamientos de diciembre de 2006. La primera vez que Santiago del Valle compareció en el juzgado fue el 11 de enero de 2007 y la última de la que se tiene constancia fue hace unos días, el 3 de marzo de 2008, cuando compareció en los juzgados de Cuenca, ciudad donde fue detenido como sospechoso de la muerte de Mari Luz Cortés.

La Fiscalía estudia ahora si, al haber vuelto a delinquir, recurre la suspensión de la condena de dos años que fue acordada por el juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla.