El reproche que -al hilo del cierre del Museo de Huelva por el desprendimiento de parte del porche de entrada- la Junta de Andalucía le hizo el pasado martes al Gobierno tuvo ayer su correspondiente respuesta. Una contestación que, si se tiene en cuenta el discurrir de los acontecimientos, bien se encuadra en los parámetros de lo que se considera políticamente correcto.

Y es que, después de que la Administración autonómica acusase al Gobierno de no invertir en las infraestructuras culturales de la comunidad autónoma, la Subdelegación aseguró que la Junta no dio cuenta del incidente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, titular del Bien de Interés Cultural (BIC), "incumpliendo" así el protocolo de comunicación previsto entre las dos administraciones, al ser una gestión transferida a la comunidad autónoma.

El acuerdo de trasferencia (cesión de la gestión) es del año 1994. En el convenio se acuerda que todas aquellas inversiones que no deriven de la mera conservación y mantenimiento del inmueble corresponden al Estado, como una reforma estructural o una intervención por problema endémico del edificio, etcétera. Así, todo lo que corresponda a la conservación y mantenimiento del inmueble es competencia de la Junta de Andalucía. Este convenio, no obstante, también contempla que, de forma subsidiaria, las inversiones se realicen con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma. Es decir, también la Junta podría hacerse cargo de esas inversiones.

El edificio permanece clausurado desde la semana pasada, tras el desprendimiento de dos losas pétreas del porche de su entrada principal, que da a la Alameda Sundheim. Desde la Administración autonómica no habían informado de su clausura y fue el coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, quien alertó del mismo públicamente el martes, recriminando que apenas un papel en la entrada del edificio indique que el Museo está cerrado porque se acometen obras.

Tampoco informó la Junta al Ministerio sobre la necesidad de realizar ninguna intervención en el Museo, según aseguraron desde la Subdelegación, si bien dejaron claro que el Gobierno se pondrá en contacto con la Administración autonómica para reclamar información de primera mano sobre lo acontecido, al tiempo que enviará a un técnico para evaluar in situ el estado del edificio.

Además, reiteraron "la apuesta" de la Subdelegación del Gobierno por "la lealtad institucional" como elemento "fundamental e imprescindible" en las relaciones que deben existir entre las distintas administraciones "en beneficio de Huelva".

Desde la Junta se limitaron a señalar en la tarde del martes que el director del Museo, Pablo Guisande, informó del incidente a la Delegación y que, tras el informe elaborado por los técnicos, se estableció la necesidad de asegurar toda la zona de acceso al edificio y de acometer "obras urgentes de conservación". Para ello, se solicitó a una empresa constructora la elaboración de un proyecto de intervención, que fue presentado ante la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico (así debe ser al estar protegido el inmueble) el pasado lunes, junto con un informe del director del Museo para su aprobación. Así, la delegada, Carmen Solana, dictó una resolución el martes autorizando las citadas obras, tras el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio y, según señalaron desde la Junta, "una vez finalizadas las obras, se reanudará la actividad de la institución".

Desde la AMO recordaron que el edificio no se somete a una reforma desde que se inauguró en 1973, más allá de la instalación del aire acondicionado. "A perro flaco, todo son pulgas. Esto implica que tenemos un solo museo y se nos está cayendo", señaló ayer la presidenta de la asociación, Blanca Romay, en referencia a la pretensión del colectivo de que el Banco de España sea el futuro Museo Arqueológico de la ciudad.