La Delegación Provincial de Salud está realizando, a través de su servicio de Consumo, una campaña de inspección en unas 30 gasolineras de la provincia para comprobar que cumplen los derechos de las consumidores.

Según informó la Junta en una nota, inspectores de la Administración autonómica llevan a cabo desde el pasado mes de febrero esta labor, que se prolongará hasta septiembre con el objetivo de "verificar la idoneidad de la información que se ofrece en estas instalaciones, la seguridad de los usuarios y el correcto funcionamiento de los servicios".

A través de esta actuación, con la que se pretende comprobar cuál es el grado de cumplimiento de la normativa en materia de Consumo, se ha previsto la inspección de un mínimo 30 estaciones de servicio en Huelva y más de 300 en toda Andalucía, de manera que actualmente la ejecución de esta campaña se encuentra al 90%.

Se trata de un sector en el que, si bien se detecta una disminución progresiva de las infracciones en materia de consumo, el grado de incumplimientos continúa siendo alto, y en 2008 el 46 por ciento de las inspecciones realizadas en gasolineras de toda Andalucía dieron como resultado algún tipo de anomalía en relación con la información obligatoria que debe proporcionarse a los consumidores en este tipo de instalaciones. El año anterior, este nivel se situó en el 54 por ciento, lo que demuestra la tendencia a la baja de las irregularidades.

En este sentido, una de las infracciones más comunes es no informar al usuario del nombre y domicilio de la empresa en el acceso a las instalaciones, algo que se produjo en la cuarta parte de las gasolineras que se inspeccionaron el año pasado.

En relación con la información que se ofrece a los consumidores en los accesos a las estaciones de servicio, los inspectores de la Junta comprueban que los carteles sean perfectamente visibles y legibles, así como que en ellos aparece el horario de apertura y cierre, además del precio de venta al público por litro de los diferentes carburantes. En este sentido, durante la campaña de 2008 se detectó que el 16% de los establecimientos no publicitaba los precios de venta al público antes de entrar en la instalación.

Asimismo, las gasolineras deben informar de que poseen medidas de comprobación de suministro, que hay libro de hojas de reclamaciones a disposición del cliente, así como sobre la verificación de los surtidores, que en Andalucía realiza la empresa pública Verificaciones Industriales de Andalucía SA. (Veiasa), dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Además, la campaña del año pasado en las gasolineras puso de manifiesto que el 16% de los establecimientos no disponía de cartel informativo en el que se indicara que los surtidores en servicio habían sido legalmente verificados y disponían de etiqueta de verificación periódica al corriente.

La mayoría de las sanciones interpuestas a estaciones de servicio se deben a incumplimientos de la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, en lo que respecta a los deberes de información que impongan o regulen las leyes y los reglamentos, y conllevan sanciones de entre 200 y 5000 euros, al tratarse de infracciones leves que fueron las mayoritarias durante la campaña de 2008.