Problemas urbanísticos, desacuerdos políticos y, especialmente, la falta de presupuesto han lastrado la ejecución del Plan de Infraestructuras Judiciales, con el que la Junta de Andalucía pretendía renovar las sedes de la administración de Justicia entre 2002 y 2009 con una inversión de 1.168 millones de euros para 106 actuaciones en toda Andalucía. Según un informe de la Cámara de Cuentas, sólo un 25,4% de ese presupuesto ha llegado a ejecutarse, porcentaje que en el caso de Huelva, debido a la falta de desarrollo de la Ciudad de la Justicia, cae hasta un 12,4%. Y no es la peor provincia andaluza.

El plan de la Junta nació tras producirse el traspaso de las infraestructuras judiciales del Estado a Andalucía en 1997. El parque inmobiliario estaba en mal estado, con edificios en diferentes regímenes (propiedad, arrendamiento, usufructo, cesión de uso) y espacios colmatados. Se imponía una renovación de las infraestructuras y para ello se redactó un programa de actuaciones en 80 partidos judiciales con el que modernizar la planta judicial. Inicialmente se preveía un coste de 352 millones de euros, pero las nuevas necesidades surgidas durante su ejecución provocaron una ampliación del plan hasta los 1.168 millones de euros.

En el caso de Huelva, el programa preveía siete actuaciones por un importe total de 100,31 millones de euros. La actuación estrella era la Ciudad de la Justicia (78,65 millones de presupuesto), que respondería al interés de la Junta y el sector judicial de agrupar las sedes dispersas por la capital en un edificio moderno y un espacio bastante céntrico: el Ensanche Sur. El retraso de la ansiada infraestructura llevó a programar otras dos obras para malestar de los operadores jurídicos: la reforma del Palacio de Justicia, con un coste de 2,51 millones de euros, y la rehabilitación del antiguo edificio de la Delegación Provincial de Educación como sede judicial provisional, en la Alameda Sundheim, que tuvo un coste de 3,77 millones de euros.

De esas siete actuaciones se han finalizado cinco (el 71%), pero el elevado peso de la Ciudad de la Justicia sobre el total del presupuesto destinado a Huelva hace que el porcentaje de ejecución de la inversión caiga hasta ese 12,4%, con 12,46 millones empleados de esos 100,31 totales. La sede fue protagonista de una batalla política (y judicial) de años por los suelos; de hecho, la propia Cámara de Cuentas recoge que el proyecto sufrió problemas de calificación urbanística. Sin embargo, en su informe Actuaciones en materia de infraestructuras judiciales en Andalucía en el periodo 2002-2013, el órgano de control apunta que el motivo último que ha impedido ejecutar las ciudades de la justicia no sólo en Huelva, sino en muchas provincias andaluzas (sólo dos cuentan con ella), es "la recurrente falta de recursos para financiar las inversiones, tanto por parte de la Junta de Andalucía como de las propias empresas adjudicatarias de los contratos". En este sentido, la Cámara también denosta el sistema elegido por la Consejería de Justicia para la construcción de las ciudades, la colaboración público-privada, que considera "inoperativo ante las dificultades halladas por las sociedades adjudicatarias para encontrar financiación". La falta de presupuesto no es un argumento nuevo: fue reconocida en su día por el propio consejero, Emilio de Llera, que anunció en 2012 que el proyecto de Ciudad de la Justicia quedaba aplazado sine die hasta que "empiece a respirarse económicamente y empiece a haber dinero".

En este sentido, la Cámara concluye que "la crisis económica, las limitaciones presupuestarias y la falta de recursos, han sido el principal determinante del escaso grado de ejecución que presenta el Plan de Infraestructuras Judiciales a la fecha de cierre de los trabajos de campo". La falta de dotación presupuestaria "aleja en el horizonte temporal el objetivo de alcanzar un grado óptimo en la ejecución y finalización de las intervenciones programadas".