El salón de actos del hospital Juan Ramón Jiménez fue ayer la primera parada de las jornadas integrales sobre agresiones a personal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con vocación itinerante, lo que las llevará a otros ámbitos de la sanidad onubense en las próximas semanas.

Su objetivo: informar a los profesionales de los recursos, medidas y protocolos existentes en los distintos sectores para hacer frente a esta problemática, que solo durante el año pasado dejó 135 agresiones en la provincia (el 42% más que en el ejercicio 2017). En el primer trimestre de este año ya se han contabilizado 27, como precisó la delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, quien señaló que "nos preocupa profundamente y no debe volver a suceder".

Entre las medidas que está impulsando la Junta de Andalucía para combatir los ataques al personal sanitario (la mayoría de ellos agresiones verbales y amenazas), se está diseñando un nuevo plan de prevención y atención a los profesionales que contempla la puesta en marcha de un programa especial de acompañamiento judicial al trabajador agredido. En este sentido, se promoverá la habilitación de "canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión no esté sola momentos después que se produzca". Así, se ofrecerá apoyo desde el primer momento y se facilitará la realización de las acciones previstas.

Los interlocutores de Benemérita y CNP y el jefe de Seguridad Ciudadana.

Otra de las estrategias incluidas en el proyecto es "la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido".

En paralelo, se adoptarán medidas dirigidas a concienciar a pacientes y usuarios con campañas informativas, explicando cómo funciona el sistema sanitario público andaluz y qué puede o no puede hacer un profesional. Este desconocimiento lleva, en muchas ocasiones, a realizar exigencias que sobrepasan el ámbito de actuación del profesional. "Es fundamental que los ciudadanos tomen conciencia de que un problema nunca se resuelve con una agresión", puntualizó Caro.

Los profesionales, por su parte, participarán en talleres y actividades en los que aprenderán a controlar situaciones conflictivas y recibirán formación sobre qué hacer cuando se produce una agresión. Asimismo, se incluirá un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión y que conlleva la asesoría jurídica al personal agredido por parte de los servicios jurídicos del SAS.

En las jornadas se estrenó en un acto público el nuevo comisario jefe de la Policía Nacional de Huelva, Adolfo Castaño, quien destacó la figura del interlocutor territorial como "cauce directo entre los sanitarios y la Policía" y la Guardia Civil. "Tenemos que seguir concienciando para que se denuncie más", añadió.

El director gerente del Juan Ramón Jiménez, José Luis Bonilla, destacó por su parte que "hay que crear conciencia de que agredir a los sanitarios no es cosa vana y de que no queda impune".

Los trabajadores aprenderán en talleres a controlar situaciones conflictivas

Manuela Caro recordó que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada ya como delito de atentado por los tribunales, dictándose sentencias que conllevan penas de uno a tres años de prisión.

El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, enfatizó que la Justicia está siendo "rápida y eficaz" con respecto al asunto de las agresiones a personal sanitario. "Podemos tener condena en días, cuando no en horas, lo que lanza un mensaje de contundencia". A ello agregó que "la gente tiene que saber que las condenas conllevan penas de prisión y el pago de indemnizaciones". Respecto al volumen de agresiones, incidió en que "no creo que haya más, sino que se está tomando conciencia y denunciando".

Otro de los intervinientes en las jornadas de ayer fue el magistrado titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero, quien subrayó que "si nos llega un caso lo abordamos con la diligencia suficiente para que no se enquiste" y se resuelva lo antes posible.

Romero recordó que "hay que distinguir entre una situación tensa y las que hay que sancionar". Sin embargo, afirmó, los sanitarios "suelen interponer denuncia en los casos más graves", por lo que les ofreció herramientas para saber identificar los ilícitos, cometidos generalmente "por los familiares de los enfermos".