El parlamentario andaluz y portavoz provincial de Cs en Huelva, Julio Díaz consideró “muy buena noticia” para el territorio onubense que, “tras siete años de parálisis”, la Junta haya convocado las ayudas reguladoras forestales en Andalucía, enmarcadas en el Programa Forestal de Andalucía 2014-2020. Especialmente si se tiene en cuenta que Huelva es la provincia con mayor superficie forestal arbolada de España, con el 77,4 % de su territorio, superando la media andaluza, que es del 51 %; además de ser la segunda provincia con mayor superficie de espacios protegidos de Andalucía, aportando el 16,2 % al conjunto de la comunidad (el 44 % del total del territorio onubense) tras Jaén, entre los que destacan Doñana y el Parque Sierra de Aracena y Picos de Aroche. De modo que, insistió Díaz, “a Huelva le va a sentar muy bien el desbloqueo de estos recursos económicos destinados a la gestión de los espacios forestales”.

En opinión del portavoz naranja, “con su publicación, el Gobierno del cambio cumple con su compromiso” de poner en marcha este “estímulo” que tiene como objetivo la restauración y mejora del estado sanitario de los terrenos forestales, la conservación de la diversidad y el paisaje y la adaptación de estos ecosistemas aumentando su capacidad como sumidero del carbono, creando actividad y empleo en zonas rurales. “Una inversión fundamental si tenemos en cuenta que el cuidado forestal es también la mejor forma de prevenir los incendios forestales”, afirmó.

El parlamentario onubense indicó además que esta convocatoria de ayudas es también “un reconocimiento público y un apoyo decidido a la contribución y esfuerzo que hacen propietarios y gestores de terrenos forestales para la conservación del medio rural”. En este sentido, señaló que, en la provincia, existen empresas especializadas en esta tarea, “muy cualificadas y profesionales” que, “por primera vez, en siete años, van a optar a estas ayudas, que también contribuyen a la creación de empleo”.

Díaz añadió que “la protección de los bosques es esencial para avanzar en alcanzar el desarrollo sostenible porque contribuye a evitar la desertificación”, además de que con el desbloqueo de estos recursos, se contribuye a la generación de riqueza y economía en las zonas rurales”, y, por tanto, a “asentar la población al territorio, así como a proteger sectores tradicionales en la provincia”.