Desde las protestas contra las medidas que el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, los profesionales encargados de impartirla, no habían protagonizado movilizaciones contra el estado de la misma. El próximo jueves volverán a repetir casi los mismos argumentos y reclamarán más medidas para garantizar la independencia judicial, modernizar la administración de Justicia, racionalizar el decreto de planta judicial y mejorar las condiciones profesionales en las que desarrollan su trabajo.

Las 14 medidas fueron acordadas en junio del año pasado por las asociaciones judiciales, 1.200 juntas de jueces y contaron con la adhesión de 3.500 jueces y magistrados. Entre ellas se encontraba la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que "garantice la elección de los vocales por jueces y magistrados, garantizando la igualdad de género y la representatividad" de cara a conseguir "un sistema de nombramiento de altos cargos judiciales con arreglo a los perfiles profesionales", así como la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Sobre la modernización de los procedimientos de la administración judicial, se exige "un plan de inversión suficiente y prolongado, que determine un aumento de 300 plazas en cada uno de los cuatro años siguientes". Además, se pide "modernizar los edificios judiciales y las fiscalías, un proceso de digitalización que agilice la prestación de los servicios y, en definitiva, hacer efectivos los derechos reconocidos en las leyes".

En este sentido, cuantifican en 126 asuntos por cada 1.000 habitantes, la carga de trabajo actual que sobrecarga los órganos judiciales, por lo que reclaman un aumento significativo de los mismos, así como "implantar tribunales de instancia que garanticen el acceso a la justicia de todas las personas". También critican la "precarización judicial y fiscal, con la eliminación de las figuras de sustitución y refuerzo".

Una de las críticas más sostenidas en el tiempo de toda la carrera judicial es la revisión del modelo de oficina judicial que, en su opinión, debe "atender a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones". Dentro de este apartado se reclaman más "medios personales y materiales para los funcionarios con competencias en la lucha contra la corrupción".

Por último, piden la convocatoria de la "Mesa de Retribuciones para recuperar el nivel salarial perdido en 2010, medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal e implantación de unas cargas máximas de trabajo". En lo que se refiere a la carrera fiscal recuerdan los problemas de la justicia digital y reclaman la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción.