El hospital Juan Ramón Jiménez ha sido obligado a cumplir la normativa en la adjudicación de una plaza de supervisora de enfermería, según sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1. La sentencia explica que para cubrir la plaza de supervisora de enfermería de la unidad de Cirugía se requería que los aspirantes acreditaran un mínimo de tres años de experiencia como ATS/DUE o matrona con plaza en propiedad. La dirección de Enfermería del hospital interpretó que el requisito de los tres años no era necesario para adjudicar el puesto, pero ello "contradice la citada base de la convocatoria que recoge expresamente y separadamente estos requisitos".

De este modo, el fallo da el cargo a la "aspirante que reunía los requisitos recogidos en la convocatoria y de mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo y con abono de las retribuciones que en su caso le hubiere correspondido percibir desde enero de 2007".

Ante el conocimiento de la sentencia, el Sindicato de Enfermería Satse-Huelva estima que la indemnización a la enfermera ascenderá a 10.000 euros. Satse-Huelva incide en que se trataba de un concurso público al que se presentó para optar al desempeño de dicho cargo la enfermera, representada por Satse, que obtuvo la mejor puntuación después de reunir todos los requisitos de la convocatoria. Sin embargo, la dirección de Enfermería infringiendo las bases y requisitos de la misma publicada por el SAS., decidió en acto administrativo, conceder la plaza a quien a dedo le interesaba.

Satse añade que "la dirección de Enfermería en todo momento, no atendió las reclamaciones realizadas por parte de Satse. Es más, el sindicato recalca que en todo momento la dirección mostró una actitud altiva, y con manifestaciones de represalia y menosprecio hacia la trabajadora, por reclamar sus derechos y la plaza que legítimamente le correspondía, como así la justicia se lo ha reconocido".

Para el Sindicato de Enfermería se ha tratado de un acto de prevaricación cometido por la dirección de Enfermería con costes a cargo de este esencial servicio público que viene a mermar y repercutir en los servicios que recibe el ciudadano.

En esta misma línea, el Sindicato de Enfermería recuerda "la mala planificación y gestión de los recursos humanos que ha llevado a reclamaciones judiciales en los últimos años que han supuesto un montante de unos 150.000 euros a los que tiene que hacer frente la administración sanitaria. Las estimaciones de Satse vienen a ser muy superiores a esta cantidad si tenemos en cuenta las reclamaciones individuales que han podido hacerse, o las iniciadas por otros sindicatos, ya que esta cantidad emana sólo y exclusivamente, de las demandas presentadas por el sindicato a sus afiliados".

Finalmente, Satse advierte que toda la sangría económica que suponen los costes añadidos por reclamaciones judiciales e indemnizaciones hacen que los recortes en los servicios se agudicen.