Izquierda Unida ha criticado a PP y Ciudadanos por llevar a cabo una política que 'castiga' la dependencia, a la que recorta las ayudas. La responsable de Organización de Izquierda Unida en Huelva, Silvia Zambrano, junto con primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cartaya y portavoz de IU-Adelante en la Diputación Provincial, David F. Calderón, han mostrado hoy su rechazo al decreto ley de la Junta de Andalucía con el que se modifica la Ley andaluza de Servicios Sociales “dejando a los ayuntamientos sin competencias en esta materia y provocando un vacío en el sistema de valoración y concesión de las ayudas que viene a agravar las injustas consecuencias laborales y de prestación de este servicio público provocadas por “masiva” privatización que se da en el sector de la dependencia.

Zambrano ha explicado que “este nuevo ataque contra la dependencia” consiste en dejar fuera a los Servicios Sociales Comunitarios, que forman parte de las entidades locales, de los programas individuales de atención (PIA), limitando su labor a únicamente recibir solicitudes. Hasta ahora, los Servicios Sociales comunitarios, además de ser la puerta de entrada de las solicitudes de dependencia que luego pasaban a ser valoradas por la Junta de Andalucía, se encargaban de asignar los diferentes recursos en función del grado de dependencia y de las necesidades de las personas dependientes, por disponer de la experiencia y el conocimiento que les aporta trabajar con los colectivos afectados.

El decreto de la Junta de Andalucía viene a apartar a los servicios sociales municipales, “sin que se sepa quién va a realizar el trabajo de éstos, lo que abre aún más la puerta a que se sigan privatizando las ayudas, eliminando la gestión pública que realizaban los servicios sociales municipales, además de dificultar, retrasar y hasta impedir que las ayudas lleguen a las personas que las solicitan”, según ha detallado David F. Calderón.

Ante esto, Izquierda Unida exige la retirada del decreto ley y propone que se simplifique la compleja burocracia que atenaza la concesión de los servicios de dependencia, se incremente la financiación de los servicios de dependencia y se mejoren las condiciones laborales de las profesionales de los servicios de ayuda a domicilio, las residencias de mayores y los centros de atención a personas discapacitadas, en los que en la provincia de Huelva trabajan unas 5.000 trabajadoras. El 85% de este colectivo laboral está compuesto por mujeres, contratadas en su gran mayoría por empresas privadas, a las que se les ha subcontratado estos servicios, y sobre las que imponen unas condiciones laborales y salariales cada vez más duras. Así, la alta temporalidad y parcialidad de sus contratos provoca que sus salarios, en muchos casos, no alcancen el Salario Mínimo Interprofesional. Por ello, las trabajadoras de la dependencia están protagonizando movilizaciones, en las que reivindican unas condiciones laborales justas y más medidas de seguridad, ya que han tenido que trabajar en plena pandemia sin que se les facilitaran EPIs.

En este sentido, Zambrano alerta de que “el ensañamiento del PP” contra la dependencia y los servicios sociales ya tuvo al presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, como su “más duro brazo ejecutor” cuando era secretario general de Servicios Sociales del gobierno de Rajoy entre los años 2011 y 2014. En ese período, Moreno Bonilla fue el responsable de ejecutar “los más duros recortes contra la dependencia, reduciendo drásticamente la parte que le correspondía al Estado para su mantenimiento, asfixiando su financiación pública y ejecutando recortes como el que dejó sin cobertura a las miles de cuidadores informales que atendían a personas dependientes