Empresas ficticias, supuestos trabajadores que no tienen contrato, o el cobro de prestaciones a pesar de tener un contrato laboral. Son algunas de las irregularidades que cada año se encuentran los inspectores de Trabajo que en Huelva afloran una media de 900 empleos sumergidos cada año, o dicho de otra forma, más de dos diariamente. Además, esa cifra ha ido en aumento: si en 2010 fueron 642 en 2015 (último dato disponible) fueron 914 empleos.

El último balance publicado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pone de relieve que en la provincia el fraude detectado por sus inspectores alcanzó en un año la cifra de 9,86 millones. El resultado llega después de llevar a cabo 24.225 actuaciones, que destaparon, por ejemplo que había 77 empresas que habían ocultado total o parcialmente sus pagos de diferentes formas (con contratos fraudulentos, contratación irregular o contar con trabajadores sin alta en la Seguridad Social), además de otros 119 trabajadores que estaban trabajando por cuenta propia o ajena y al tiempo recibían una prestación por desempleo.

A pesar del control, el empleo sumergido sigue siendo una constante en la economía. Para reducir su efecto, el Gobierno de España puso en marcha en 2012 un plan de lucha contra el fraude y desde entonces han aflorado 420.000 empleos irregulares, se han detectado más de 6.000 empresas ficticias y se han convertido en indefinidos más de 253.000 contratos indebidamente temporales, según declaró la ministra Fátima Báñez la semana pasada.

La economía sumergida incluye una amplia maraña de enredos para evitar el pago de impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social, aunque su producto final sea legal. Su ventaja a corto plazo es clara: una obra de reforma sin IVA es una obra que resulta un 21% más barata; un trabajo de ocho horas escondido bajo un contrato de cuatro supone un ahorro de unos 350 euros en la cotización. La tentación parece fuerte. Sus perjuicios, en cambio, son menos palpables a simple vista, aunque muy destructivos para el tejido empresarial y la economía. De hecho los negocios ilegales terminan en muchos casos superando a los legales que cumplen con sus impuestos y con los deberes con sus trabajadores. En el fraude laboral siempre hay dos partes implicadas y si el contrato no se firma, hay un trabajador que acepta (a veces sin más remedio) la situación. Pero no hay que olvidar que para que exista un cobro sin factura, al otro lado debe haber alguien que acepte una transacción que no deja huella.