Las tradicionales protestas de distintos sectores de la economía y la sociedad onubense en su conjunto por la falta de inversiones en infraestructuras básicas por parte de todas las administraciones –sin importar su color político ya que todas ellas han vivido periodos de alternancia entre los dos partidos mayoritarios– y el abandono casi secular a la que ha sido sometida durante largos periodos de su historia, lejos de convertirse en una letanía interminable, se sustenta en datos.

Según las cifras consultadas por Huelva Información de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), la caída de la inversión pública en la provincia en el primer semestre de este ejercicio llega al 57,6% respecto al mismo periodo del año pasado. Únicamente la provincia de Teruel, con una bajada del 73,6% puede experimentar un grado de abandono mayor.

La importancia de este dato es todavía más significativa si tenemos en cuenta que sólo Granada con un 22,3% menos, Málaga que ve bajar la inversión pública un 13,1% y Córdoba que registra una caída del 1,3%, son las provincias que presentan números rojos entre las andaluzas, aunque muy alejadas de las que soporta Huelva y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el contexto nacional presenta un aumento de la licitación pública de un 52,3%, es decir casi lo mismo que Huelva, aunque en otro sentido.

Obras en el centro de salud de Isla Chica.

Tampoco resiste la comparación ninguno de los tres niveles de la administración que presentan licitaciones de obra pública. En Huelva, el Ejecutivo central, ha bajado sus licitaciones en un 37,2% (en este capítulo hay otras cuatro provincias andaluzas con una bajada más acusada), la administración autonómica en un 76,8% (sólo Córdoba supera la cifra negativa de Huelva) y la local en un 13,3% (la mayor cifra de todas las provincias de la comunidad autónoma).

En cualquier caso, tampoco los crecimientos son homogéneos y deparan más que curiosos detalles sobre el comportamiento de las distintas administraciones.Así, mientras que la Diputación ve reducida su licitación a casi la mitad de la que se registraba un año antes, en el caso del Ayuntamiento de Huelva, esta se ha visto casi triplicada sobre lo registrado en el primer semestre de 2018.

Entre las tres administraciones apenas se han licitado 40,37 millonesen seis meses

Sin duda la llegada de los denominados fondos Edusi que, con financiación procedente de la Unión Europea, están destinados a mejoras significativas en algunas zonas urbanas, ha servido para poder maquillar unas cifras que sí suponen un esfuerzo más que apreciable, si se tiene en cuenta además, que se trata de la administración pública que menos recursos genera. Así, en números absolutos, la Diputación de Huelva invirtió en los primeros seis meses del año, un total de 2,29 millones de euros, mientras que el ayuntamiento capitalino llegó a casi 4 millones y el resto de consistorios de la provincia superó los 7,5 millones.

También en magnitudes absolutas, es el Ministerio de Fomento –como no podía ser de otra manera– quien más ha invertido en la provincia, ya que sus 12,34 millones suponen casi el 95% de todo lo que se gastó la Administración general del Estado, ya que ni el Ministerio de Transición Ecológica, ni el resto de departamentos llegaron a superar los 0,6 millones de euros en total. La Junta de Andalucía se quedó en apenas 13,6 millones de euros en distintas licitaciones, que ponen en duda la celebración inversora exhibida por sus responsables con motivo de la reciente aprobación de los Presupuestos Autonómicos para el próximo ejercicio y que se basan más en el gasto que en la inversión real.

Las inversiones de las administraciones en toda la provincia son paupérrimas.

De nuevo vuelven a ser los Ayuntamientos los que con 13,76 millones de euros, soportan el grueso de una inversión en obras que supera por poco los 40 millones de euros en seis meses, una cantidad que eterniza el problema del déficit de infraestructuras en la provincia.

En cuanto a las inversiones, son las obras civiles las que se llevan la mayor parte de las mismas, con más de 30 millones de euros , mientras que el segundo de los capítulos destina 17,20 millones a infraestructuras relacionadas con un transporte que siempre ha sido el caballo de batalla en las reivindicaciones onubenses.Del resto, destacan los más de 10 millones del sector de la construcción que comienza a ver la salida de la crisis económicas con cada vez más número de licencias concedidas por las administraciones locales y los más de 8 millones que se llevan los equipamientos sociales y las obras hidráulicas, con lo que quedan cantidades residuales para vivienda pública y medio ambiente.