Los juzgados de Primera Instancia de la capital (no existe un juzgado de lo Mercantil, a pesar del volumen de trabajo) se han quedado sin personal cualificado para que asuma la administración concursal de los expedientes que llegan a sus instalaciones. En otras palabras, no hay ni economistas ni abogados que cuenten con experiencia en materia concursal y puedan asumir esos nombramientos, según ha denunciado el Colegio Oficial de Economistas de Huelva. La insolvencia se ha disparado con la crisis tanto en empresas como entre los particulares y con ella la presentación de concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), que ahora podrían quedar en manos de personal sin experiencia por la limitación de la normativa de no poder asumir más de tres procesos en dos años.

En los tres primeros meses del año ya son cinco los expedientes que han llegado al juzgado de la capital, según la consultora PriceWaterHouse, que se suman a los 38 que llegaron a lo largo del año pasado. Cada uno de ellos requiere una tramitación extensa, que está provocando que, aunque la normativa apuntaba a un tiempo máximo de resolución de ocho meses, los expedientes se extiendan a lo largo de casi dos años, según fuentes judiciales (de los 38 casos presentados en 2008 a principios de año sólo se habían resuelto cinco).

Una vez que llega la declaración de la insolvencia, es el juez es el que decide si procede o no la declaración del concurso y el que nombra a los administradores que deben gestionar el patrimonio del deudor concursado. Hasta ahora, la administración concursal podía estar formada por un abogado con experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo; un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados, con una experiencia profesional de, al menos, cinco años de ejercicio efectivo; y un acreedor, que nombraba a un economista como administrador. Así que eran preciosos tres administradores por cada expediente si se trataba de un proceso no abreviado (para empresas con un pasivo -deuda- superior al millón de euros). Pero ante la avalancha de procesos, desde el 1 de abril son procesos abreviados (en este caso el proceso lo lleva un único administrador) todos los que correspondan a empresas con un pasivo que no supere los 10 millones (la mayor parte de las que existen en la provincia), con lo que el juez únicamente nombrará a un profesional como administrador. Desde el Colegio de Economistas se calcula que los profesionales con experiencia en la materia no llegan a la veintena en nuestra provincia, lo que ha llevado a su decano, Manuel Ángel Bracho, a denunciar la falta de profesionales. "Hasta ahora, la falta de experiencia de alguno de los tres administradores se podía cubrir con la del resto, pero con la reforma, no existe esa posibilidad porque habrá un único administrador, con la limitación además de no poder llevar más de tres casos en dos años", explica. Ante esta situación, desde el Colegio se ha plateado la organización casi de forma urgente de un curso para profesionales con el que se puedan poner al día en la extensa normativa concursal.