El abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, pidió ayer al tribunal que declare la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas por el juez de refuerzo Álvaro Martín, que acordó el procesamiento y la apertura de juicio oral contra los 22 ex altos cargos que hoy se sientan en el banquillo de los acusados, y devuelva la causa a la fase de instrucción.

En la cuestión previa planteada en la cuarta sesión del juicio, el letrado defensor considera que la vulneración del derecho al juez natural predeterminado por la ley no es una "mera irregularidad procesal formal", por lo que planteó que la nulidad de las actuaciones debería iniciarse desde el 27 de enero de 2016 y extenderse hasta la última actuación realizada como juez instructor por Álvaro Martín, que coincide con la elevación de la causa a la Audiencia Provincial.

Mohedano aclaró que no pone en duda ni discute que Álvaro Martín "no estuviera autorizado para esa función de refuerzo en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en Comisión de Servicios", lo que denuncia es la "finalidad de su designación para conocer e instruir la causa de los ERE y concretamente el procedimiento específico, así como su inmediata actuación durante los doce meses del periodo de la Comisión de Servicios transgredieron y violaron el derecho fundamental al Juez predeterminado por la ley y privó a mi representado, y a todos a los que han sido traídos a juicio en esta causa, del verdadero juez Natural para la instrucción de este procedimiento penal, juez natural que en aquel momento ni era ni podía ser otro que la juez titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a la que se le adjudicó con fecha 29 de abril de 2015 la titularidad de esa plaza (publicación en el BOE de 10 de junio de 2015)", en alusión a la juez María Núñez Bolaños. "Estamos convencidos de que hay méritos para acoger esta cuestión previa dado que ha quedado acreditado que el nombramiento y la actuación del juez Álvaro Martín no se ha ajustado ni a la legalidad constitucional ni a la legalidad ordinaria en sus funciones reales de instructor", señaló el letrado, que solicitó que se dicte una resolución que declare que se "ha vulnerado el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, que es garantía de la imparcialidad y que como consecuencia de todo ello se declaren nulas todas las actuaciones" entre las fechas indicadas.