La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado a la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que solicite al Ministerio de Trabajo información sobre los expedientes asociados a los extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva.

Tras ello, la juez ha dictado una providencia en la que cumple con la orden dada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en un auto de 14 de marzo donde estima parcialmente el recurso presentado por la Junta después de que la juez Mercedes Alaya no se pronunciara sobre esta diligencia solicitada en noviembre de 2013.

De este modo, la juez instructora acuerda librar oficio al Ministerio de Trabajo a fin de que aporte los expedientes de modificación de los coeficientes reductores de los extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva beneficiados por las pólizas de prejubilación.

Esta diligencia, a juicio de la Junta, "es pertinente y útil", ya que las declaraciones de dos investigados en la causa "ponen de manifiesto que la cantidad desembolsada por la Junta en el caso de la Faja Pirítica podría haber sido elevada artificiosamente mediante una fraudulenta modificación de los coeficientes reductores que habría incrementado el número de personas prejubiladas sin tener derecho a ello".

La juez, cabe recordarlo, tiene previsto abrir una pieza separada del caso de los ERE fraudulentos para investigar las ayudas a varias empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva y en la que estarán incluidas como investigadas más de 200 personas, todo ello después de recibir el atestado en el que la Guardia Civil analiza dichas ayudas e imputa a más de 200 prejubilados.

Entre estas empresas se encuentran Río Tinto, minas de Almagrera o mina La Herrería, según señalaron las fuentes consultadas por Europa Press, que precisaron que el atestado aportado por la Guardia Civil contiene varios miles de documentos anexos.