Pocos minutos antes de la hora fijada para su comparecencia en el Juzgado de lo Social número 1 de Huelva en la sede de la calle Vázquez López, el concejal del Ayuntamiento de la capital, Enrique Gaviño, hacía su entrada en las dependencias judiciales acompañado por el actual responsable de la empresa pública, Manuel Bendala, y su letrado. La vista respondía a la demanda interpuesta por quien fuera responsable de Emtusa entre los años 2013 y 2016, Juan Ignacio Díaz, que consideró ser víctima de un "despido nulo o improcedente", motivado según el escrito de demanda adelantado por Huelva Información, "por razones de acoso laboral". Según pudo saber este diario en la vista, que termino pasadas las 19:00 de ayer, el demandante aportó más de 70 documentos que, a su juicio "ratificaban el acoso al que fui sometido y todo ha quedado por escrito, ya que llegó un momento en el que se negó a responder a mis llamadas".

En la mañana de ayer, el concejal manifestó que "siempre he planteado en estas cuestiones mi absoluto respeto a los procesos judiciales". En este sentido confesó que "no me gusta declarar lo que tengo que declarar ante su señoría dentro de un rato, porque considero que no debe comentarse con anterioridad a la celebración de la vista lo que el juez debe conocer de primera mano por parte de las personas que participamos en esta vista. Tengo un respeto absoluto por la justicia y, al mismo tiempo, por los que reclaman sus derechos que consideren oportunos, yo plantearé la visión de la empresa, de cómo se desarrollan los hechos y, posteriormente, con el fallo lo acataremos".

Sobre las acusaciones de acoso laboral que el exgerente de Emtusa confiesa haber padecido, Gaviño señaló que " no comparto su opinión, pero tengo que respetarlo evidentemente. Es un planteamiento que hace que debe demostrarlo y que su señoría estimará lo que considere pertinente. Nada más lejos, no es la forma, ni lo ha sido nunca, ni de este concejal, ni de este equipo de Gobierno".

En el documento del abogado del exgerente de Emtusa, éste reclama al magistrado que condene a la empresa a la readmisión de su cliente o al pago de la indemnización legalmente prevista, "y todo ello con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido", a razón de 5.370 euros mensuales, "así como a la suma de 16.110 euros correspondiente" a los tres meses de preaviso del despido que la empresa pública, al parecer, pudo incumplir por ordenar su cese.

Según adelantó Huelva Información, Díaz argumenta en la demanda que ha sufrido una "premeditada e intencional actitud de acoso laboral a lo largo de siete meses" con la que los responsables "han buscado debilitar progresivamente mi estado psicológico al degradar en lo sustancial el ambiente en mi cotidiana actividad profesional como directivo de Emtusa". El objetivo, afirma, no ha sido otro que "anularme y provocar mi autoeliminación de la organización en la que trabajé".