Los onubenses acudieron durante el año pasado al Defensor del Pueblo, sobre todo, para denunciar temas relacionados con la Función Pública y el empleo público. Es en este área en el que se encuadra uno de cada cinco expedientes tramitados por la institución estatal en el ámbito de la provincia de Huelva, cuya suma llegó a los 116 casos.

El responsable en funciones de la institución, Francisco Fernández Marugán, presentó ayer el informe anual de 2017 en el Congreso, del que se extraen los datos que dejan a Huelva en la misma línea de los números registrados en el periodo anterior. Apenas ha descendido la actividad onubense un 2,5%, que supone el registro de tres expedientes menos el pasado año que en 2016.

Los datos onubenses, además, se colocan a la cola de Andalucía, en cuanto al número de expedientes, que no destacan en los últimos años en la institución estatal. De hecho es su versión regional, el Defensor del Pueblo Andaluz, a la que se recurre en gran medida para buscar amparo desde Huelva. Como muestra de ello, los números de 2016, cuando fueron cuatro veces más los casos gestionados en Sevilla que en Madrid, que, además, colocan a la provincia onubense como una de las que más recurren a la Oficina de Jesús Maeztu en proporción a su población.

Hay que remontarse a 2012 y 2013 para encontrar balances que duplican los números actuales, si bien en los últimos años los datos varían arriba y abajo constantemente. En 2010 se tramitaron un máximo de 553 expedientes, y en 2015 apenas fueron 93, número que remonta al año 2007.

En el anexo estadístico del Informe Anual de 2017, el mayor peso en Huelva se lo llevan los expedientes del área Función y empleos públicos, en el que se recogen 25 de los 116 tramitados en total. No hay detalles provinciales de los casos tratados, pero en el informe se explica que entre todas las quejas recibidas sobre empleo público destacan las decisiones adoptadas por distintas administraciones públicas que "pueden resultar discriminatorias", al afectar a trabajadoras "a las que correspondía ocupar un puesto de trabajo temporal pero no han podido incorporarse y desempeñarlo por razón de su reciente maternidad".

En este tema, el Defensor del Pueblo recomendó a la Secretaría de Estado de Función Pública "que dicte instrucciones para garantizar el ejercicio del derecho a disfrutar de baja de maternidad a las aspirantes a una plaza de empleo temporal en el ámbito de la Administración General del Estado". Pero la solución adoptada, consistente en que la mujer mantenga su número de orden en la lista y pueda acceder a la siguiente vacante que exista, es considerada "insuficiente" por la institución estatal.

El empleo es objeto de preocupación también al margen de la Función Pública, ya que más del 10% de los expedientes onubenses tramitados en 2017 (12) están relacionados con este tema y diferentes aspectos de la Seguridad Social. En número le siguen los expedientes relacionados con centros penitenciarios (área que genera más quejas, tradicionalmente) y los de servicios públicos y esenciales, con una decena cada uno de ellos.