La juez María Núñez Bolaños ha declarado de especial complejidad la pieza separada de la causa donde se investigan las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta que afecta al consorcio público de formación de la Junta Formades, lo que permite que, en lugar de los seis meses que precisa la Ley de Enjuiciamiento Criminal como plazo máximo para investigar una causa, la instructora disponga de un máximo de 18 meses para poder concluir la investigación, como ya adelantó este periódico.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó ayer de que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la juez ha declarado compleja esta pieza con el fin de prorrogar durante 18 meses la investigación llevada a cabo sobre "el presunto favorecimiento concertado, y dirigido desde la Consejería, de determinados empresarios mediante la expedición de certificados de finalidad realizados por las partes investigadas, y la concesión de exoneración de justificación desde la dirección general en cuya elaboración participarían".

En un auto dictado el 21 de diciembre de 2015, la magistrada dividió en nueve piezas la macrocausa de los cursos de formación, tres de las cuales versan sobre los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, al ex vicesecretario general del PSOE-A Rafael Velasco y al empresario José María Pérez González, mientras que cuatro de las piezas se centran en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta. La instructora dividió el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centrará en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).