Huelva

La Fiscalía rechaza las denuncias de Podemos contra el edificio de Hacienda

  • Descarta las irregularidades planteadas por el Círculo Sectorial del Patrimonio Cultural sobre el nivel de protección del edificio y la ausencia de informes para su aprobación

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Huelva, rechazó de plano la denuncia planteada por el Círculo del Patrimonio Cultural de Podemos Huelva, que pedía la suspensión de las obras que se llevan a cabo en el edificio de Hacienda, por entender que por un lado no se había llevado a cabo un informe técnico que las respaldara y por otro que no se cumplió con los requisitos necesarios para modificar la protección del edificio. Según ha podido conocer Huelva Información, ambos extremos son descartados de plano por parte del Ministerio público en sendos informes enviados tanto al Consistorio de Huelva, como a los demandantes que han renunciado a continuar la vía del contencioso-administrativo, por lo que la reclamación se da por cerrada.

Según los documentos consultados por este periódico, el pasado 1 de marzo, se presentó en nombre del Círculo Sectorial del Patrimonio Cultural de Huelva un escrito en el que se solicitaba a la Fiscalía Provincial la “paralización cautelar del proyecto de obras del antiguo edificio de Hacienda”, El escrito fue contestado, al igual que ocurriera en anteriores ocasiones (por ejemplo el 9 de octubre del año pasado) con la confirmación de que el ministerio público carecía de competencias legales para adoptar medidas cautelares de semejante naturaleza y que la cuestión debía dilucidarse en vía administrativa y, una vez agotada ésta, tal y como es el caso, acudir a la vía del contencioso-administrativo.

La petición de Jesús Amador Zambrano fue reproducida ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que dictó auto de archivo de la misma, una medida que no ha sido recurrida hasta la fecha. Daniel Villalba González, portavoz del Círculo Sectorial del Patrimonio Cultural de Huelva, remitió el 22 de mayo un escrito al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, en la que insistía en el tema y reconocía la carencia de fondos para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, así como que denunciaba “irregularidades en el procedimiento, en concreto la posible omisión-alteración de los informes técnicos necesarios para rebajar la protección del antiguo edificio de Hacienda”.

En el escrito firmado por el fiscal delegado de Medio Ambiente de la Fiscalía provincial de Huelva, Alfredo Flores, al que ha tenido acceso Huelva Información, se asegura que “para poder valorar la reapertura de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción, se requería un informe en relación a las cuestiones denunciadas y, en concreto, sobre esa alteración de los informes técnicos para rebajar la protección del edificio denunciada por el Círculo Sectorial del Patrimonio cultural de Huelva”. Una vez recibido el documento que describe como “extenso y clarificador”, se remitió a la Fiscalía de Sala “que ha procedido al archivo de su expediente y su remisión al solicitante del mismo”.

El informe remitido al portavoz de los denunciantes, también consultado por Huelva Información, se recuerda que su denuncia se sustentaba en una “modificación de la categoría del edificio” y que la protección de la que disfrutaba, se había efectuado “mediante una cédula urbanística, prescindiendo del procedimiento establecido”.El informe aclara que “aunque en la revisión del PGOU el edificio de Hacienda aparecía con un grado de protección integral, cuando se llevó a cabo su ficha pormenorizada se le asignó otro de protección estructural, por lo que esa pérdida de protección no tuvo lugar a través de una cédula urbanística, sino que se aprobó en pleno municipal en marzo de 2001 sin que conste que fuese objeto de impugnación en cuanto a este tema”.

Sobre la falta de un informe técnico municipal sobre la licencia, el fiscal recuerda que “consta un informe de los técnicos con fecha 3 de febrero de 2017 que informaba favorablemente sobre la demolición de determinados elementos estructurales”, algo que está recogido en el Plan especial para edificios que gozan de una protección estructural.

Por lo tanto, Flores concluye que “no aparecen a nuestro juicio las características de arbitrariedad y apartamiento grosero del ordenamiento jurídico que se requieren para entender cometido un delito de prevaricación y, en consecuencia, para la entrada en juego del Derecho Penal”. Además, añade que “no aparece en la información recabada, datos suficientes para rechazar la postura mantenida en las diligencias de la Fiscalía de Huelva y en el procedimiento del Juzgado de Instrucción al considerar que nos encontramos ante cuestiones que habrían de dilucidarse, tanto el lo relativo a la adopción de medidas cauterales, como en el fondo de la controversia planteada, en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa”, una vía a la que renunciaron los integrantes del Círculo de Podemos.

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