La Fiscalía Provincial de Córdoba confirmó ayer que ha abierto diligencias para aclarar si el abogado defensor de José Bretón, José María Sánchez de Puerta, habría cometido un delito de calumnias al afirmar que pueden haberse grabado las conversaciones que el padre de los niños desaparecidos ha mantenido en la cárcel con los familiares y amigos que han ido a visitarle y con él mismo. El fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, informó de que las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia presentada por la dirección del centro penitenciario de Alcolea, que el viernes remitió a la Fiscalía la grabación de un programa de televisión con las declaraciones supuestamente calumniosas del letrado.

El fiscal jefe distinguió entre "lo que se dice en los medios de comunicación" y las afirmaciones recogidas en los recursos presentados por el abogado. "Son matices distintos", dijo Martín-Caro, quien añadió que "cualquier español sabe que es un delito escuchar las conversaciones entre un abogado y su cliente". Sánchez de Puerta dijo ayer por la tarde que no había recibido ninguna notificación por estas diligencias.

El abogado ha reiterado en numerosas ocasiones la "indefensión" que siente por no poder acceder a parte de las diligencias contenidas en el procedimiento por la existencia del secreto de sumario, a lo que se añade el malestar por la sospecha de que se estaría escuchando a Bretón.

Como muestra de esta situación, Sánchez de Puerta puso como ejemplo en su recurso lo ocurrido el pasado 16 de febrero, cuando acudió a la cárcel para preparar la declaración del progenitor sobre la que el juez instructor decidiría su permanencia o salida de la cárcel. "Ante la sospecha de que se estuviese interviniendo la comunicación entre cliente y letrado, ésta no se pudo desarrollar en el clima de tranquilidad y serenidad necesario ante tan importante actuación procesal que se iba a desarrollar por la tarde, en la que se iba a decidir sobre la situación personal de mi representado", explicó Sánchez de Puerta en el documento judicial.

Martín-Caro, no obstante, diferenció que la posible comisión de una infracción penal no se referiría al contenido de los documentos judiciales, sino que la queja del centro penitenciario sería sobre declaraciones vertidas por el abogado ante las cámaras. La Fiscalía, para ello, tendrá que visionar el programa de televisión. "Si llegamos a la conclusión de que existe un posible delito de calumnias, enviaríamos las diligencias al juzgado", dijo Martín-Caro.