La negociación del conflicto de Ercros en Huelva se realizará directamente en Madrid y no en Huelva, ya que será la Administración Central (Ministerio de Trabajo) y no la Junta de Andalucía quien reciba el Expediente de Regulación de Empleo que prepara la multinacional catalana desde el pasado martes, cuando anunció un drástico recorte en la actividad de las quince plantas que se reparten por toda la geografía española. Será un único documento el que sirva para plantear la ejecución del plan anunciado por la empresa, que afectará a 410 trabajadores, de los que 123 pertenecen a la plantilla de Palos de la Frontera.

En contra de lo que se pensó en un principio, el desarrollo administrativo del conflicto de Ercros se centralizará, lo que sin duda supone un recorte a la capacidad de actuación de la Junta de Andalucía, que el miércoles manifestaba su rechazo absoluto al anuncio de la empresa de cerrar las tres plantas que la firma mantiene en nuestra provincia. El Gobierno autonómico mantiene su apoyo (que únicamente condiciona a la disposición de diálogo de la compañía), pero no podrá ocupar la posición de mediadora que en otros conflictos laborales ha dejado claro (el último Nilefos), lo que presupone unas negociaciones más duras, si bien desde la Junta se apunta a que se espera tener contacto directo con el Ministerio, administración que recibirá "todos los informes o valoraciones" que se soliciten al Gobierno andaluz.

De momento, el ERE no se ha presentado, pero se espera que no se retrase más de una semana o diez días. Será entonces cuando se inicie un procedimiento administrativo- laboral, por el que la autoridad laboral competente (el Ministerio) autorice la suspensión o extinción de los puestos de trabajo que se planten (la eliminación de 123 en Huelva y otros 148 en Flix y la supresión temporal de otros 139). Los EREs sólo son validos si concurren causas de extrema gravedad, que pongan en peligro la viabilidad y el futuro de la empresa, por ello han de llegar acompañados por un plan de viabilidad que garantice a largo plazo el resto de puestos de trabajo que se pretender mantener. En el supuesto de que las causas de la regulación sean de índole económica (las que se presuponen en este caso) además es necesario un informe de una auditoria externa en el que se acredite el estado de la situación tanto económica, como financiera y patrimonial de los últimos tres años. El siguiente paso, un período de consulta de una duración no inferior a los treinta días.

A la espera de notificaciones oficiales de la empresa a los trabajadores de Huelva, la totalidad de la plantilla se reunió ayer en asamblea para estudiar un calendario de movilizaciones, que se cerrará el martes después de la reunión intercentro que se celebrará en Barcelona. Hasta entonces, se seguirá manteniendo la concentración que diariamente se mantienen a las puertas de la fábrica. Concentración que hoy y mañana se extenderá durante tres horas (desde las 12:30 hasta las 15:30 horas). De forma paralela, se ha previsto un calendario de reuniones con los Ayuntamientos de Palos de la Frontera y Huelva, así como con los máximos representantes de AIQB (Asociación de Industrias Químicas y Básicas), FOE (Federación Onubense de Empresarios) y Subdelegación de Gobierno. El primero de ellos será el martes, con el alcalde palermo, Carmelo Romero, a quien visitarán después de realizar una marcha simbólica que partirá de las instalaciones de la fábrica para concluir en la sede del Consistorio. El comité de empresa le explicó ayer a los trabajadores que los sindicatos tienen claro que "no se sentarán en la mesa de negociación con la empresa si sigue presente la amenaza de cierre", una idea que mantienen desde el primer momento en el que tuvieron conocimiento de la intención de cierre que puso sobre la mesa la propiedad de la empresa.