Trabajadores de los hospitales de la empresa Pascual, ubicados en las provincias de Huelva (Blanca Paloma), Cádiz y Málaga, se concentraron ayer frente al Parlamento, donde entregaron las 200.000 firmas de los ciudadanos en apoyo a su situación y pidieron a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que les diga "qué va a hacer con los hospitales y sus trabajadores".

Hace justo una semana la empresa comunicó a los trabajadores que si la Junta no abonaba las cantidades que tiene pendientes de 13 meses no podría pagarles las nóminas del mes de noviembre, lo que ha provocado que los empleados visibilicen más sus protestas. Además, y sobre el depósito de 8,3 millones anunciado por el consejero de Salud, Aquilino Alonso, los afectados creen que se trata de "un parche que no soluciona nada".

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la empresa mantienen desde ya hace años un pulso sobre el modo de concretar en un convenio estable la atención sanitaria a la que no llega la Administración. El conflicto afecta a usuarios, profesionales de la sanidad pública y, de manera muy directa, a la propia plantilla de Pascual, que se ha visto notablemente reducida y ahora se enfrenta al impago de nóminas por la falta de liquidez, debido al grifo cortado de la Administración, de la que es la primera firma sanitaria privada de la región. Aquí se resumen las claves del desencuentro.

1.orígenes de una relaciónLa empresa José Manuel Pascual casi desde su nacimiento en Cádiz, en el año 1947 y con sólo ocho camas hospitalarias en su originaria clínica de San Rafael, ha servido de muleta a la sanidad pública. Posiblemente su principal servicio al sistema sanitario público se produjo en el año 1973, cuando el hospital Zamacola, en Cádiz, tuvo que cerrarse y aún no estaba construido el hospital Puerta del Mar. Fue San Rafael, que ya por entonces contaba con más de 450 camas, el hospital que se hizo cargo de la situación intermedia. En los 80, cuando se produjo la transferencia de competencias del recién creado Instituto Nacional de Salud al recién creado SAS, la Junta se embarcó en un mensaje que abandera la sanidad exclusivamente pública. El proyecto, como gerente del SAS, lo pilotó Agustín Ortega Limón, un gestor joven fuertemente ideologizado. Sin embargo, a principios de los 90 se estableció un sistema de conciertos al asumir que las infraestructuras del SAS no podían absorber la demanda de la población. Pascual, que ya había empezado una política de expansión con la construcción de nuevos hospitales incluso en otras provincias, hizo un fichaje estrella y contrató a Ortega Limón, que allanó el complicado diálogo con el SAS, lo que supuso una polémica en su época.

2.la necesidad de los conciertosEn los últimos diez años la Junta ha conseguido reducir en casi veinte puntos, según se afirma en la propia web de la Consejería de Salud, su dependencia de las empresas privadas para completar la cobertura a la población. Según esta misma web, en la actualidad se derivan cerca de un 3% de los pacientes del SAS a centros concertados. Entre los centros concertados de Andalucía, el principal es Pascual. Si la Junta tiene cifrados en 75 millones anuales los actos sanitarios, ese 3% no sería una cantidad menor, ya que se trataría de más de dos millones de actos sanitarios que necesitarían de apoyo privado, debido, principalmente, a que la crisis ha impedido a la Junta concluir su mapa hospitalario. Estas tareas de apoyo serían necesarias en comarcas en las que el SAS pone como centros de referencia para la población hospitales no demasiado cercanos.

3.conciertos y desconciertosLos trabajadores de los hospitales de Pascual están más que habituados a vivir cada cierto tiempo las tensiones que acompañan a las siempre incómodas y tensas negociaciones entre la dirección de la empresa y el Servicio Andaluz de Salud. A pesar de ello, meses antes o después, la sangre se detenía antes de llegar al río. La Junta conseguía, apoyándose en las facultades que pone a su disposición la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que los períodos de negociaciones se consideraran como períodos bajo concierto, lo que restaba capacidad de presión a la empresa. El TSJA ha sentenciado que algunos de esos conciertos en épocas de negociaciones sean declarados nulos.

4.¿Por qué no firma pascual?Junta y Pascual saben que no hay nada que hablar sobre el presupuesto que se le va a dedicar al próximo concierto. No se trata de dinero. El empresario gaditano ha conseguido que el concierto incluya a sus seis hospitales distribuidos entre las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga. Queda pendiente ponerle precio a las denominadas Unidades de Producto Concertado (UPC).

Este concepto engloba la cantidad de actuaciones asistenciales que agrupa el concierto. A este concepto, el SAS añade, y Pascual acepta, un 7% de UPC extras. Las asistencias que superen ese colchón que describe el concierto es lo que siempre queda en el limbo judicial que da forma a los pleitos abiertos que ahora enconan las negociaciones. Pascual quiere que se le reconozca que hace mucho más de lo que le impone el concierto y quiere que este trabajo extra se le reconozca y se regule de alguna manera en los acuerdos venideros.

5.la relación futura junta/pascualTodo está por ver. Sobre el ring, a un lado Pascual y al otro la Junta. Hace 25 años hubo momentos tensos que hoy se reviven. La nómina de los dos mil empleados que quedan en la plantilla de Pascual está en peligro. La Junta reconoce ya su deuda económica con Pascual a raíz de las últimas sentencias judiciales del TSJA, y el empresario quiere cerrar un concierto que dote de estabilidad tanto a sus plantillas como al futuro de sus centros hospitalarios. No queda más remedio que llegar a un acuerdo, pese a que las relaciones entre las partes están muy dañadas.