La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta denominada Rale-Ksiba, ha desarticulado una red de tráfico de hachís que operaba en la provincia de Huelva con la detención de 28 personas.

Según han informado ambas entidades en un comunicado conjunto, la operación se han practicado un total de 13 registros en domicilios, naves y fincas, situadas en las localidades de Huelva, Punta Umbría, Aljaraque, Lepe y Villablanca donde se ha interviniendo gran cantidad de dinero en metálico, 25 vehículos entre los que se encontraban diversos de alta gama, un tractor, un barco de pesca, cuatro embarcaciones de recreo, tres motos de agua, un dron de última generación, multitud de dispositivos de telefonía móvil de última generación, así como seis armas de fuego y diversa documentación. Asimismo, se ha procedido al bloqueo de numerosas cuentas bancarias y compra-venta de propiedades.

La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización delictiva asentada en los municipios de Huelva, Punta Umbría e Isla Cristina y Lepe, siendo este último lugar por donde estarían realizando la mayor parte de las operativas de narcotráfico.

Fruto de las investigaciones realizadas, se tuvo conocimiento de que la organización, además de estar introduciendo grandes cantidades de hachís en las costas desde hacía varios años, también habría llevado a cabo alijos de hachís con una periodicidad mínima de 4.000 kilogramos al mes habiendo llegado a introducir en alguna ocasión hasta 12.000 kilos en tan solo una semana.

Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron constatar que uno de los integrantes de la organización estaría regentando un importante negocio de compraventa y alquiler de equinos y charrés, lo que hacía que fuera un vecino muy conocido y ampliamente relacionado, dificultando de esta manera las labores de investigación ya que era informado asiduamente por terceros de la presencia policial no uniformada en la localidad.

Asimismo, se pudo determinar que los miembros de la organización empleaban como centro de operaciones para llevar a cabo las reuniones relacionadas con el narcotráfico, unas cuadras ubicadas en la población de Lepe, en la que adoptaban fuertes medidas de seguridad ya que disponían de personas que realizaban reconocimientos de zona sus inmediaciones para detectar una posible presencia policial.

Avanzadas las pesquisas, los agentes pudieron constatar que a mediados del mes de junio, los integrantes de la organización botaron por el río Guadiana una embarcación semirrígida que navegó hasta la costa marroquí, lugar en el que efectuó una importante carga de hachís y que posteriormente intentaría introducir por el río Guadiana hasta uno de los conocidos como narco-embarcadero.

Una vez llegada la embarcación semirrígida cargada de hachís a la desembocadura del río, le estaba esperando una embarcación de pesca para facilitarle la cobertura adecuada a la semirrígida la entrada y evitar de este modo ser detectados por los elementos técnicos policiales.

Con motivo de haber sido frustrada dicha operación por causas desconocidas, la embarcación semirrígida volvió mar adentro, lugar en el que se mantuvo hasta el día 24 de junio cuando, a pleno día, volvió a aproximarse a la costa, frente a la Flecha del Rompido, para trasbordar su carga a una embarcación recreativa que posteriormente se dirigió al río Piedras aprovechando, para pasar desapercibidos, la existencia a esa hora y en época estival de un elevado tráfico de este tipo de embarcaciones.

Por tal motivo, se activaron los medios aéreos y marítimos policiales obligando a la organización a arrojar la carga pudiendo intervenir un total de 60 fardos de con un peso de 2.000 kilos aproximadamente. 

Para evitar ser detectados los integrantes de la organización adoptaban elevadas medidas de seguridad, siendo significativo el hecho de que en todo el perímetro de uno de los narco-embarcaderos habían colocado numerosas cámaras de vigilancia de caza, que ocultaban entre la vegetación para detectar a cualquier persona ajena que pudiera intentar acceder a la misma.

Por otra parte, con la finalidad de dar seguridad a los alijos que introducían por las costas onubenses, los integrantes de la organización llegaron a alquilar un piso-ático en las inmediaciones de una conocida playa, al objeto de instalar un radar y elementos técnicos que eran utilizados para detectar la presencia de los medios empleados por parte de los agentes, tales como las embarcaciones del Servicio Marítimo o incluso los helicópteros de vigilancia.

En este piso guardaban planos de la zona en los que indicaban donde se debían colocar las personas que conformaban el dispositivo de seguridad en los momentos en que se llevaban a cabo los alijos. Además, disponían de instrumentos de detección de dispositivos de localización, contando hasta con drones de última generación, elementos que utilizarían en los momentos en que se llevaban a cabo las labores de introducción de la droga en la costa. Con todo, los 28 detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad de Ayamonte.