El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, pone de relieve en su informe anual de 2017 los "graves retrasos" que padece la jurisdicción laboral en Huelva. Los tres órganos de lo Social acumulan "la mayoría de las quejas" que, en materia de justicia, los ciudadanos transmitieron al comisionado, relativas en esencia a los señalamientos, "que se dilatan durante años dando lugar a situaciones dramáticas".

Llama la atención que, por contra, los datos estadísticos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial apunten a una reducción de la carga de trabajo de estos tres órganos ubicados de la sede judicial de la calle Vázquez López: iniciaron 2017 con 5.074 asuntos en trámite (el 12,1% menos que en 2016) e ingresaron 388 procedimientos menos que un año antes (3.388, el -8,3%).

Lo que sí se concluye analizando la estadística es que las tres magistradas de lo Social de Huelva resolvieron 388 asuntos menos que doce meses atrás, una caída de su capacidad para dar salida a los expedientes del 9,6%, con 3.649 definitivamente zanjados.

Las fuentes jurídicas consultadas por Huelva Información apuntan a la posibilidad de que esta desaceleración en la resolución de los asuntos judiciales relacionados con el trabajo corresponda -pese a ese decrecimiento de la entrada de asuntos que debería repercutir en modo contrario- a que las titulares de los juzgados de lo Social de Huelva de Huelva sólo señalan juicios un día a la semana, lo que los expertos consideran de todo punto "insuficiente" para descongestionar la jurisdicción. "Hace falta otro órgano de lo Social, de acuerdo, pero también hace falta que los que están trabajen más y de una manera más efectiva", indican.

El Defensor referencia en su informe una queja presentada por un onubense a finales de 2016 en la que explicaba que había demandado a la Seguridad Social por denegarle la prestación de incapacidad permanente. El Juzgado de lo Social 2 de Huelva, al que correspondió la demanda, "había señalado como fecha para la vista oral el 2 de octubre de 2018, es decir, casi año y medio" después. Maeztu remarca que ante esta demora, "nos planteábamos que aunque a buen seguro que pesaría mucho trabajo sobre el referido órgano judicial, y que no se tratara de uno de los procedimientos que tienen la consideración en el ámbito del orden social de preferentes y urgentes, aunque de hecho lo fuera, no por ello es menos cierto que tan desmesurada dilación constituye un flagrante quebranto de lo dispuesto en el artículo 24 de nuestra Constitución, máxime cuando se trata de una jurisdicción que se caracteriza por su presunta celeridad".

Por todo, propone al Gobierno "la creación de dos nuevos Juzgados de lo Social en Huelva" y recomienda que "se evalúen las necesidades de las plantillas y dotaciones de personal destinando los puestos de trabajo acordes con las cargas y funciones asumidas por los Juzgados de lo Social de Huelva, mediante la adecuada distribución de los mismos".