Huelva

Cruz convoca la Mesa para el 23 y los expertos piden seguridad jurídica

  • Borrego dice que el CSN no aporta nada nuevo: "la radioactividad de las balsas de fosfoyesos se conoce desde hace 45 años"

Última reunión de la Mesa de los Fosfoyesos, en el Ayuntamiento. Última reunión de la Mesa de los Fosfoyesos, en el Ayuntamiento.

Última reunión de la Mesa de los Fosfoyesos, en el Ayuntamiento. / h.información

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, anunció ayer para el día 23 de este mes la próxima convocatoria de la Mesa de Participación de los Fosfoyesos, al objeto de "retomar los asuntos avanzados el pasado junio", entre los que destacó la aprobación del reglamento orgánico que establecerá el funcionamiento y organización de este órgano, incluyendo la periodicidad de sus convocatorias y las dinámicas y mecanismos de trabajo para "avanzar en agilidad y eficacia".

De esta forma, el regidor reiteró ayer su "compromiso", al mostrar su "posición irrenunciable" a que cualquier proyecto o solución sobre la forma de devolver a la ciudad las 1.200 hectáreas contaminadas, "tiene que ser aprobada necesariamente en la Mesa de Participación y ajustarse a las conclusiones y propuestas de este órgano".

La decisión final tiene que ser la óptima para garantizar la satisfacción de toda la ciudadanía"

En este sentido, dejó claro que el problema atañe a Huelva y cualquier decisión que se adopte "nos afecta a nosotros". Por ello, aunque en la intervención tienen responsabilidad diferentes administraciones, además de la empresa Fertiberia, la decisión final tiene que la óptima para "garantizar la satisfacción de toda la ciudadanía".

En este contexto, el alcalde ensalzó los esfuerzos realizados para promover la Mesa de Participación de los Fosfoyesos y el Comité de Expertos designado por este órgano para definir propuestas de solución para la regeneración de los suelos contaminados.

Cruz se refirió también a la importancia de garantizar la financiación necesaria para impulsar los estudios que sean necesarios, apuntando la partida de 100.000 euros designada en los presupuestos municipales de 2018, así como el proyecto presentado al Parlamento Europeo, al solicitarse 1,2 millones de euros para este fin, además de la firme alianza con la Universidad de Huelva.

Por su parte, el coordinador del Comité de Expertos, José Borrego, recordó el "enorme problema" de seguridad jurídica que tiene su equipo, que ni siquiera puede trabajar sobre el terreno. "Somos una parte de la Mesa, que tampoco tiene entidad jurídica y hay una indefinición desde el punto de vista de responsabilidades y de capacidades de los que en teoría forman el comité", resumió el experto.

Según aseguró, hasta ahora han trabajado en la periferia de las balsas con unas cuestiones que eran completamente desconocidas, como la estabilidad estructural y la geología del subsuelo, lo que ha dado como resultado los informes que se han presentado en estos dos últimos años. Pero, según advirtió, el comité de expertos necesita "un paraguas jurídico" o "una estructura legal" que permita que se lleven a cabo los objetivos por los que se creó este órgano, además de la financiación, y que se desarrollen así los estudios con la seriedad y transparencia que este tema requiere.

Mientras eso no se solucione, el comité está atado de pies y manos: "Los expertos no son un grupo de amigos que se sientan para tomar café y comentar las cosas. El comité debe ser una cosa seria y, sobre todo, administrativa y jurídicamente, debe tener un paraguas que ampare y le de carácter legal a su trabajo".

En esto tienen mucho que ver, según valoró, el Ayuntamiento, la Junta y fundamentalmente el Ministerio, que es el que tiene las mayores capacidades en la intervención sobre las balsas de fosfoyesos.

En cuanto al informe del Consejo de Seguridad Nacional, Borrego señaló que aporta datos antiguos que se tienen de inspecciones realizadas hace tiempo. Así, la radioactividad difusa de las balsas es "conocida desde hace 45 años". Por ello, aunque entiende que el conocimiento de esta información pueda provocar alarmismo, apuntó que, aunque no ha tenido acceso al informe, por lo que ha podido conocer este documento no va más allá de un catálogo de zonas donde hay materiales que tienen algún tipo de actividad radioactiva -unas veces difusa, otras concentrada o del tipo que sea- con datos antiguos recopilados para hacer una especie de mini inventario a raíz de un problema que surge en la Comunidad e Madrid.

Sobre el hecho de que en este momento no exista ningún terreno declarado como contaminado, por la ausencia de regulación específica sobre terrenos contaminados radiológicamente, Borrego destacó el "enorme entramado de lagunas legales" que hay y precisó que esta es una de ellas. Y eso que la radiactividad no es un fenómeno que se conozca ahora. En este sentido, recordó el caso de Palomares.

"Por motivos varios, entre los que se puede incluir la desidia de la propia Administración no se ha regulado nunca. Y esto implica qué medidas correctoras o de protección deben tener esos lugares. Aquí tenemos una parcela con cenizas radioactivas que están semiclausuradas pero nada más que esto, por falta de regulación", manifestó.

El experto espera que la Declaración de Impacto Ambiental que emita el Ministerio de Transición Ecológica sobre el proyecto de restauración de las marismas de Fertiberia sea desfavorable. Lo contrario sería, en sus palabras, "descabellado". "Estamos en un nuevo tiempo y es necesario abordar con transparencia, con independencia y seguridad el análisis de las balsas, más allá de los colores políticos, porque es un problema ambiental muy grave", valoró.

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