La infanta Cristina se sentará finalmente en el banquillo acusada de dos delitos fiscales en cooperación con su marido, Iñaki Urdangarín, porque el juez José Castro cree que hay indicios de que formó parte del presunto entramado corrupto en torno al Instituto Nóos.

El instructor del caso Nóos dictó ayer el auto de apertura de juicio oral para 17 personas y ha fijado fianzas por responsabilidades pecuniarias que suman 61,35 millones de euros, una reclamación que ha de ser satisfecha en el plazo de 20 días y que en el caso de la infanta asciende a casi 2,7 millones de euros.

Cuatro años y cinco meses después de abrir una pieza separada en la macrocausa del caso Palma Arena sobre las sospechas de malversación de fondos públicos por parte de Urdangarín y su socio en Nóos, Diego Torres, Castro ha puesto en manos de la Audiencia provincial el caso con un auto que considera irrecurrible, aunque la defensa de la Infanta y la acusación popular del PSOE de Valencia han anunciado que plantearán recursos.

El juez ha decidido sentar a la Infanta en el banquillo sólo con la acusación de Manos Limpias, que ejerce la acción popular, ya que la Fiscalía y la Abogacía del Estado, junto con los abogados de la duquesa de Palma, reclamaron el sobreseimiento de la causa para Cristina de Borbón en atención a la llamada doctrina Botín.

Pero Castro argumenta que, como había sugerido la Audiencia de Palma al mantener la imputación de la hermana del Rey, el caso difiere del que libró de juicio al banquero Emilio Botín porque la acusación pública y la representación de la Agencia Tributaria sí acusan a Urdangarín de delitos fiscales. Y subraya que considerar que solo Hacienda es perjudicada por el delito fiscal "sería tanto como decir que ante un fraude del que fuera víctima una comunidad de propietarios el perjudicado sería su administrador y no aquellos".

Entiende que el delito contra Hacienda atenta contra un bien jurídico colectivo de interés general, como la propia Agencia Tributaria pone de manifiesto con lemas como Lo que tú defraudas, lo pagamos todos, y que por tanto la acción popular está legitimada para sostener la acusación en un juicio.

De los 20 imputados confirmados por la Audiencia de Palma el pasado 7 de noviembre, Castro ha dejado finalmente fuera del proceso al vicealcalde valenciano y a los ex altos cargos de la Fundación Madrid 2016 Miguel de la Villa y Gerardo Corral.

Tras conocerse la resolución, la Casa del Rey expresó su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial" y apuntó que es una decisión personal de doña Cristina renunciar o no a sus derechos dinásticos como sexta en la línea de sucesión a la Corona.

El siguiente paso del proceso judicial será la presentación de los escritos de defensa en los próximos 20 días hábiles, tras lo cual Castro dará traslado de toda la pieza, la número 25 del caso Palma Arena, a la Audiencia de Palma. El magistrado al que le corresponda juzgar la causa elegirá a los dos jueces con los que formará el tribunal y se fijará la fecha para el juicio, que comenzará a finales de 2015 o principios de 2016 y, dada su complejidad, podría prolongarse meses y celebrarse en dependencias habilitadas al efecto.