El fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, ha archivado el expediente gubernativo abierto tras la recepción del escrito de una abogada onubense que denunciaba "una situación general de incumplimiento de los protocolos de vacunación de la Covid-19 por parte de la Delegación Provincial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con perjuicio para su madre", de 82 años. 

En el documento del decreto de archivo, al que ha accedido Huelva Información, se detalla que en el escrito presentado el pasado 29 de enero en el Decanato de los juzgados onubenses por la abogada "no se aportaba ninguna documentación" ni se concretaba "denuncia contra persona en Huelva ni se atribuía a alguien identificado un acto concreto".

Asimismo, se detalla que la jurista había solicitado al Ministerio Público que se llevaran a cabo actuaciones "que suponían una investigación general y prospectiva sin unos mínimos indicios claros y relevantes que permitiesen en ese momento una actuación acorde con las exigencias constitucionales".

Por consiguiente, la cuestión era dilucidar, en primer término, si los hechos denunciados podían incardinarse en algún tipo penal y, en segundo lugar, si existía algún elemento o principio de prueba en concreto que permitiese iniciar diligencias de investigación.

Flores evidencia en el decreto que "no constaban datos contrastados y suficientes" de delitos que justificasen una investigación general penal en la provincia, "habida cuenta de que no constaba ni siquiera identificada una persona física ni algún acto de la misma con perjuicio para la denunciante, ni siquiera una falta de capacidad de la madre de esta que le impidiese denunciar por sí misma".

Es más, subraya que el único caso de posible picaresca para adelantarse a la vacunación se publicó en los medios de comunicación el 22 de enero y aludía a una concejala de Bonares "que por ello había dimitido".

En consecuencia, se aperturó el expediente en Huelva y se informó tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Fiscalía Superior de Andalucía, teniendo en consideración las observaciones de la primera "sobre la necesidad de investigar mínimamente estos temas por el rechazo social producido ante conductas insolidarias en la vacunación".

El Ministerio Fiscal onubense solicitó el pasado 1 de febrero un informe a la Delegación Provincial de Salud sobre las circunstancias denunciadas, los protocolos y la normativa para la vacunación Covid-19 y, en su caso, si se habían detectado incumplimientos de dicha normativa en nuestra provincia, documentación que le fue remitida ayer mismo por parte de la Administración autonómica.

En ella, recalca Flores, "consta la existencia de un completo y detallado protocolo de vacunación y ningún incumplimiento del mismo". El fiscal jefe destaca, por ejemplo, el informe concerniente al Distrito Sanitario Norte, donde "explica el procedimiento seguido cuando se contaba con más vacunas disponibles de las suministradas a profesionales de los grupos 1 y 2, de tal forma que para evitar su pérdida se ofrecía su suministro a los del grupo 3, entre los que se encuentran todos aquellos que trabajan en centros y establecimientos sanitarios según el protocolo de vacunación para Covid-19 aprobado" por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud de la Junta.

Por todo ello y "dejando expresa constancia del reconocimiento al trabajo y profesionalidad de todo el personal sanitario y sociosanitario de la provincia", resuelve archivar el expediente gubernativo.