La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a siete años de prisión a un hombre por maltratar y agredir sexualmente a su esposa durante los 19 años que duró el matrimonio, periodo en el que tuvieron tres hijos, abusando sexualmente de su hija de once años, hechos por los ha sido condenado a dos años de prisión. En concreto, se ha acordado que la ejecución de las penas privativas de libertad se limite a un total de siete años y seis meses, sustituyendo la ejecución del resto de pena por la expulsión del país.

Según reza en la sentencia, se ha condenado a este hombre, de nacionalidad marroquí y residente en Moguer, por ser autor de los delitos de malos tratos físicos habituales, maltrato de obra físico contra la mujer, continuado de agresión sexual con violencia y continuado de abuso sexual a una menor de once años. Es destacable que tanto la acusación particular como la propia defensa se adhirieron a la calificación del Ministerio Público.

Así, ha sido condenado por el delito de malos tratos físicos a un año y seis meses de prisión, privación del derecho de tenencia y porte de armas durante tres años y alejamiento e incomunicación con su víctima durante cinco años.

Igualmente, por el delito de maltrato de obra físico le han condenado a seis meses de prisión y una orden de alejamiento e incomunicación de dos años, mientras que por el delito continuado de agresión sexual con violencia le han impuesto seis años y la accesoria de alejamiento e incomunicación por diez años.

De otro lado, respecto al delito de abuso sexual continuado sobre la menor le han impuesto la pena de dos años de prisión, la prohibición de acercamiento a ella a menos de 200 metros, al domicilio y también tiene prohibida la comunicación con ella por cualquier vía durante cinco años, así como la privación de la patria potestad.

En cuanto a la responsabilidad civil, deberá indemnizar a su mujer con 6.000 euros en concepto de daños morales, y la suma de dos mil euros a cada hijo por el mismo concepto. Además, se ha acordado la ejecución de las penas privativas de libertad se limite a un total de siete años y seis meses, sustituyendo la ejecución del resto de pena por la expulsión del país, quedando igualmente sustituida la pena privativa de libertad por expulsión cuando el procesado acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional.

Como hechos probados, la sentencia recoge que el acusado ejerció durante sus 19 años de matrimonio "maltrato físico y psicológico" sobre su esposa, intensificando la violencia una vez que ésta queda embarazada porque "sus celos le llevaban a dudar de la fidelidad de su esposa", así como la amenazaba "con cortarle la cabeza" o que "la iba a matar si le denunciaba". Éste imponía su voluntad "a base de violencia", con insultos, lo que hizo que la víctima fuera "cada vez más dócil y sumisa".

La esposa vivió todas estas agresiones sin acudir al médico y fue una vez que el matrimonio residía con otras personas cuando éstas la llevaron al médico y se formuló denuncia, pero ésta decidió no declarar contra su marido y se produjo el sobreseimiento. Todas estas agresiones se producían delante de los hijos menores, siendo la última paliza en 2018. La denuncia tuvo lugar en septiembre de ese año, apenas unos cinco días antes de ser violada de nuevo por su esposo.

Como la sentencia señala ejerció violencia sexual contra ella, la cual tras trabajar de temporera se encargaba del hogar desoyendo los requerimientos de su marido que "la sometía sexualmente". "A partir de mayo de 2018 la violencia sexual se extendió a su hija menor de once años, de manera que al menos en tres ocasiones sometió a tocamientos en los genitales y rozamientos con su pene aprovechando que la madre estaba trabajando". Todo esto provocó en su esposa un cuadro de sintomatología ansiosa.